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OPINION: "ACUÍFEROS SACRIFICADOS Y RÍOS RESUCITADOS"



Durante muchas décadas, en el Sureste de España hemos explotado (y aún seguimos haciéndolo) de forma paradigmáticamente insostenible nuestros escasos recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Se trataba de satisfacer una demanda necesaria para alcanzar un nivel de vida satisfactorio, en términos sobre todo socioeconómicos, muy ligado sobre todo al principal consumidor, la agricultura más rentable. En Murcia, poder regar es la diferencia entre la subsistencia y cierto desahogo.

Ahora corren otros tiempos, pues empezamos a alcanzar límites que afectan a nuestra propia supervivencia y calidad de vida. Son tiempos para el desarrollo sostenible, la eficiencia ambiental, la conservación y explotación sostenible de los recursos agrarios y la biodiversidad. En definitiva, para vivir mejor gastando menos, pues se puede hacer con inteligencia, tesón y mucho diálogo.

Recientemente, el blog Los pies en la Tierra de Miguel Ángel Ruiz (periodista del diario La Verdad) anunció que “El Tribunal Supremo resucita el ríoMula”. En efecto, dicho Tribunal obliga a cerrar el pozo de los regantes que secó el nacimiento en 1994. Es muy posible predecir, dicen los expertos, que el agua brotará antes de un año en su fuente original.



La noticia tiene en realidad no una, sino dos caras positivas, para el medio ambiente (luego veremos otra faceta de la cuestión). Resucitará un río (un tramo del mismo) que ha estado seco décadas y ha sido declarado como Lugar de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000. ¡¡Por fin una alegría en la casa del ambientalista!!

Sin embargo, el verdadero notición es que  la recuperación del acuífero, una vez cortada la ‘sangría’ del pozo del Corral de Comba, puede ser cuestión de tan sólo unos meses, según el experto Francisco Turrión, hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica.

A lo que parece, al menos, los regantes de Mula que han aprovechado estos recursos para mantener su Huerta (en una parte importante de tipo tradicional) parecen haber realizado una explotación sostenible del acuífero. En efecto, de haber practicado la minería del agua (= eufemismo de la explotación salvaje hasta el agotamiento del acuífero defendida por algunas lumbreras -y nunca peor dicho- de la hidrología murciana) no podríamos asistir al milagro en tan poco tiempo.

La tercera buena noticia no es para el medio ambiente sino para la democracia, pues aunque sea mucho tiempo después de la apertura a lo que parece “amañada” del pozo, y dejando intuir las vergüenzas ocultas de alguna institución casi centenaria, el Poder Judicial actúa y sentencia. Ciérrese. 

En la empresa que tengo el honor de dirigir (AMBIENTAL S.L.) y cuya trayectoria se remonta al año 1985, esta problemática hídrica no nos es ajena desde el punto de vista profesional. En efecto, en el año 1989, la Comunidad de Regantes de Mula -ahora abocada al obligado cierre del controvertido pozo-, confió en nosotros para la redacción (por requerirlo ya entonces la Ley de Aguas) del Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto para derivar por una conducción artificial los caudales extraídos de otro pozo denominado El Pradillo, evitando su paso por el río Mula y las consiguientes pérdidas por filtraciones, que a la postre era la razón de ser de la inversión.

 
Mis antecesores en la empresa en aquella época (yo me incorporé justo unos meses después) hicieron creo un trabajo bastante digno y esforzado para los conocimientos y recursos disponibles en aquella época. Por otro lado, puedo entender también el disgusto de los ecologistas locales, que con todo su derecho y por razones ambientales y quizá localistas (pues el beneficio era para Mula y el perjuicio para la vecina Bullas), no recibieron con simpatía ni nuestro trabajo ni la explotación de sondeos en su término.

He tenido la curiosidad de revisar el Estudio en un papel aquejado por el paso del tiempo, y además de confirmar el interés que pusieron sus redactores por mejorar ambientalmente todo lo posible las decisiones ya tomadas por la Comunidad de Regantes y la Comunidad Autónoma que lo financiaba todo, me ha sorprendido comprobar que, en realidad, no se estudiaba para nada la afección de El Pradillo al acuífero, pues el sondeo era muy anterior. El trabajó se limitó a valorar los efectos ecológicos del desvío del agua del sondeo que antes circulaba por el río, así como la afección de la construcción de la propia conducción en paralelo a la ribera.

Afortunadamente, parece ser que El Pradillo tuvo relativamente poco que ver (aunque no está cuantificado) con la desaparición total de las fuentes del río Mula, pues está mucho más alejado de las Fuentes del río, todo ello según la documentada opinión de Francisco Turrión, autor del gráfico adjunto.

 
En la documentación que he podido manejar para redactar este artículo, no he podido comprobar (ni lo contrario) que a la explotación del pozo del Corral de la Comba se le pidiera por la Confederación el mismo Estudio de Impacto que al desvío de caudales del sondeo Pradillo, si no incluso con más motivo, pues ya se sabía entonces del riesgo de afectar severamente al nacimiento del río. Quizás pudiera aclarar esta cuestión quien entonces lideraba los regantes de Mula y luego de todo el Trasvase, pero ni él ni su actual sucesor han querido hablar para el Diario La Verdad. Quizá nuestras Comunidades de Regantes vayan necesitando un relevo generacional en liderazgos que asuman los nuevos retos en la gestión de las huertas murcianas.

Aprobada la DIA de un proyecto de captación de aguas subterráneas ya ejecutado y explotado afectando a Natura 2000

El Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado la declaración de impacto ambiental del proyecto Captación de aguas subterráneas para períodos de sequía de la cuenca alta del Segura, términos municipales de Hellín y Liétor, Albacete.

Según alegación presentada, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (DGA) reseña la existencia de 12 sondeos ejecutados, de los que 7 ya se encuentran en explotación, todo ello sin haberse publicado la oportuna DIA, contraviniendo por tanto la legislación sobre Evaluación de Impacto Ambiental, así como los requerimientos de la Junta de Comunidades para la paralización de las actuaciones que supusieran nuevas extracciones sin evaluar su efecto. En este sentido, se considera que las medidas preventivas y correctoras propuestas en el proceso de ejecución son extemporáneas y no se tiene constancia de que se estén cumpliendo. La DGEA señala que el estudio de alternativas es una mera descripción de pequeñas variaciones de una única, desvirtuando la esencia del EsIA de valorar un conjunto de alternativas lo suficientemente amplio como para permitir determinar razonablemente la opción de menor impacto ambiental. La DGEA y DGA valoran el impacto global como incompatible con la conservación de los recursos ambientales, debiendo desistirse de la ejecución de las actuaciones. En este sentido, se solicita la no ejecución de los sondeos pendientes de ejecutar y la paralización de las obras y la explotación de los sondeos de inmediato y de forma previa, para que pueda tramitarse un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental real y acorde con la situación en que se encuentran los acuíferos y el medio afectado.

La actuación cuenta con declaración de emergencia y de utilidad pública. Se recuerda, que según la TRCAP, las obras de emergencia no obligan a tramitar expediente administrativo, incluida la evaluación ambiental, pudiéndose ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido. El régimen excepcional permite la iniciación de las obras de forma inmediata sin necesidad de tramitar expedientes administrativos, pero no excluye de su realización, consecuentemente de su cumplimiento que se realizará lo antes posible, en tanto en cuanto, las circunstancias de caso lo permitan, y de forma paralela a la ejecución de las obras de emergencia. En este sentido, se citan los informes emitidos por la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad en su instrucciones de 23 de junio de 2005 (Anexo 1) y de la Abogacía del Estado de 9 julio de 2008 consideración segunda (Anexo 1). La actuación también está amparada por el Protocolo de Actuación para paliar los Efectos de la Sequía (aprobado por le Junta de Gobierno de 25 de octubre del 2005), el actual PES.

Los elementos ambientales más destacados del ámbito de estudio son el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES4210008 y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000388 Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo, espacios incluidos en la Red Natura 2000. Dentro del LIC y de la ZEPA se ubican únicamente los piezómetros Talave 1 y Talave 2. De la misma forma, en el entorno de Talave 1 y 2 hay que destacar la presencia de escarpes rocosos registrados como elementos geomorfológicos protegidos en Castilla-La Mancha. Por otra parte hay que señalar que la Junta de Castilla-La Mancha, en acuerdo de 19/05/2009 del Consejo de Gobierno, anula el acuerdo de 29/06/2004 por el que se declara el perímetro de protección preventiva del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra Baja de Segura en Albacete y los Pinares de Hellín al no reunir dicho espacio las condiciones para su declaración como Parque Natural o reservas naturales en conformidad con la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha.

En el EsIA se adjunta un estudio específico de afecciones sobre la Red Natura 2000 en el que se describen todos los Hábitats de Interés Comunitario presentes en la zona, realizándose una valoración del potencial impacto que producirían las actuaciones sobre los mismos.


DIA: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20518.pdf

EL PAIS: Medio Ambiente tumba el dragado del Guadalquivir

El ministerio reclama "un nuevo proyecto" al puerto de Sevilla

MANUEL PLANELLES - Sevilla - 21/10/2011


La ampliación del dragado del Guadalquivir -impulsada por el puerto de Sevilla para que lleguen barcos de mayor calado hasta la capital andaluza- está más en el aire que nunca. El Ministerio de Medio Ambiente ha reclamado al puerto que elabore "un nuevo proyecto" que debe ser "plenamente congruente" con las conclusiones a las que llegó la comisión científica creada para evaluar el impacto sobre Doñana. La comisión presentó hace un año un dictamen en el que recomendaba que "se desestime definitivamente el dragado de profundización" al ser "incompatible con la conservación del estuario y por tanto de Doñana". Además, en el dictamen se señalaba que "de mantener la Autoridad Portuaria de Sevilla su voluntad de realizar dicho dragado, inicie un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental una vez las condiciones en el estuario hayan mejorado".

La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, envió a mediados de octubre una carta al puerto de Sevilla en la que se indica que las conclusiones de la comisión científica "han pasado a ser condición vinculante de la Declaración de Impacto Ambiental" del proyecto. "No es posible iniciar ninguna otra actuación sin antes adecuar el proyecto a estas prescripciones y sin previa confirmación de la adecuación de esta nueva versión a lo estipulado por la comisión científica", añade Ribera. Indica que, cuando el puerto elabore el nuevo proyecto, se lo deberá remitir al ministerio, que "actuará con arreglo a la legislación en materia de evaluación ambiental".

Con esta carta en la mano, WWF dio ayer por enterrado el actual proyecto de dragado. La Comisión Permanente del Consejo de Participación de Doñana también ratificó en julio las conclusiones del dictamen científico. El consejero de Medio Ambiente andaluz, José Juan Díaz Trillo, ya ha indicado que la ampliación "es inviable" en este momento. Y una misión internacional formada por representantes de la Unesco, UICN y del convenio Ramsar alertaron de que el proyecto puede tener un impacto negativo sobre Doñana.

Pero la preocupación de los ecologistas ha aumentado tras conocerse la intención de Bruselas de incluir en el futuro corredor central de mercancías el desarrollo de una vía fluvial por el Guadalquivir. Lo que sí parece claro es que la autorización del dragado dependerá del Gobierno que salga del 20-N. La primera declaración de impacto de este polémico proyecto la aprobó el PP en 2003.