AMBIENTUM.COM: "Los parques eólicos autorizados en Omaña y Cepeda son ilegales"

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una nueva sentencia sobre los parques eólicos de Omaña y Cepeda, en León, declarando la ilegalidad radical del Parque Eólico Villabandín II y Ampliación a Villabandín II.

Esta importante sentencia del TSJ de Castilla y León, de 27 de abril de 2012, estima un recurso planteado por la asociación leonesa URZ y apoyada legalmente por SEO/BirdLife. En esta zona, SEO/BirdLife tiene actualmente recurridos 9 parques eólicos y sus instalaciones eléctricas por tener un elevado impacto sobre el medio ambiente y haber sido mal tramitadas.

Hasta este momento ya se contaba con la sentencia firme del TSJ, de 10 de junio de 2009, que anuló el Parque Eólico Murias II, así como varios Autos del TSJ de Castilla y León que ordenaron la paralización cautelar de diversos proyectos en Omaña y Cepeda –entre ellos el PE Villabandín II y Ampliación– mientras se tramitaban los recursos, confirmados por el Tribunal Supremo mediante diversas sentencias dictadas durante el año 2011.
EIA inadecuado y fragmentación de los proyectos

Los argumentos en los que se basa esta nueva sentencia son que el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ha sido inadecuado y, que existe fragmentación del proyecto. Para este segundo argumento “sigue el criterio fijado en la citada sentencia de 10 de junio de 2009” (del Parque Eólico Murias II) sobre las carencias a la hora de tramitar proyectos eólicos aprobados sin incluir las líneas eléctricas de evacuación y sin tener en cuenta la existencia de otros proyectos colindantes e interconectados. Por lo tanto, supone la confirmación de la doctrina “Murias II” respecto a la fragmentación de proyectos eólicos en zonas ambientalmente protegidas.

Es previsible que detrás de esta primera sentencia venga la anulación del resto de proyectos impugnados por SEO/BirdLife. Algunas de estas instalaciones están construidas y en pleno funcionamiento.

Carlos González-Antón Álvarez, abogado que ha llevado este caso, considera que “esta sentencia supera a la del Parque Eólico Murias II, siendo un claro avance en dicha doctrina, ya que anula el Parque Eólico al entender que hay fragmentación de proyectos, cuando al autorizar el proyecto no se tienen en cuenta la línea de evacuación o los 20 parques en tramitación en la zona; de tal forma que el proyecto eólico autorizado como dice la sentencia: no es un parque, sino una parte de un parque porque en sí mismo no es autosuficiente para cumplir la finalidad que le es propia”.
Renuncia del tendido que evacua energía de 6 parques eólicos

Además, el 17 de Mayo de 2012, Enel Green Power ha puesto en conocimiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de León su renuncia a la construcción de uno de los tendidos eléctricos de evacuación eólica del Nudo Villameca en Omaña, proyecto que SEO/BirdLife mantenía recurrido desde el año 2009.

Esta línea aérea de alta tensión, de más de 25 kilómetros de longitud, se encontraba autorizada desde el año 2008 y afectaba a los términos municipales de Riello, Valdesamario y Villagatón, evacuando la energía producida en 6 parques eólicos autorizados en el Norte de Omaña,.

Se da la circunstancia de que esta renuncia se produce inmediatamente tras la notificación de la relevante Sentencia, de 27 de Abril de 2012, del TSJ de Castilla y León por la que se ha declarado la nulidad de pleno derecho de la autorización del Parque Eólico Villabandín II y ampliación a Villabandín II.

Este es uno de los seis parques eólicos autorizados en el norte de Omaña que hubiera empleado el citado tendido de evacuación hasta la subestación de Murias de Ponjos, desde donde parte otro tendido eléctrico de 13 kilómetros que finaliza en la Subestación de Villameca, donde el Nudo Villameca hace entrega de la energía a REE.

Juan Carlos Atienza, Coordinador de Conservación de SEO/BirdLife considera que “la postura de la Junta de Castilla y León y de las empresas promotoras de mantener los parques eólicos en la zona de Omaña y Cepeda, perjudica a la conservación del medio ambiente y al desarrollo eólico en la provincia”, a su juicio “sería más razonable desarrollar proyectos en otros lugares con menor valor e impacto ambiental”.


FUENTE: AMBIENTUM.COM

Comparecencia del Ministro Cañete en el Senado

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Sesión celebrada el lunes, 9 de abril de 2012

 (...)

Por último, repasaré las actuaciones en materia de calidad, evaluación ambiental y medio natural. Por
un lado, hemos comenzado a abordar las medidas necesarias para simplificar y racionalizar el marco
normativo ambiental. Asimismo, estamos agilizando los procedimientos administrativos ambientales
inherentes al desarrollo de una actividad económica respetuosa con el medio ambiente. Estamos
trabajando en las medidas para eliminar, en las cuestiones relativas al medio ambiente, las barreras de
más calado que hemos encontrado. En lo que se refiere a la evaluación ambiental de planes, programas
y proyectos, en diciembre de 2011 había en torno a 1100 expedientes de evaluación ambiental en
tramitación, algunos de ellos paralizados desde hacía años. Hemos elaborado un plan de choque para
discriminar los expedientes caducados de aquellos otros que están pendientes de decisión. En cuanto a
estos últimos, y para evitar que se dilate su tramitación esperando recibir los informes de los organismos,
se han puesto en marcha reuniones periódicas de seguimiento de planes y proyectos, como es el caso de
las celebradas con Puertos del Estado y con AENA. Desde el punto de vista normativo de la evaluación
ambiental, estamos trabajando fundamentalmente en dos direcciones: por una parte, en la modificación
de la normativa básica estatal, para mejorar el procedimiento, tanto en lo que se refiere a la calidad de las resoluciones adoptadas, como en la reducción de plazos para resolver; y por otra, hemos comenzado los contactos con comunidades autónomas responsables de la tramitación ambiental de sus propios planes,  programas y proyectos, para coordinar criterios y procedimientos.

En el ámbito de la gestión del medio natural, estamos trabajando para solventar aquellos aspectos
que dificultan la gestión de los espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000. El real decreto-ley de medidas urgentes que estamos elaborando establece un cauce de comunicación de las medidas compensatorias respecto de los proyectos cuya elaboración de impacto ambiental haya acreditado la no afectación a la Red Natura 2000. También estamos revisando la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, para que, cuando en un mismo espacio confluyan y se solapen distintas figuras de
protección, estas se unifiquen en un único instrumento de gestión y protección. Otro ejemplo de las
reformas en materia del medio natural es la que consiste en garantizar la compatibilidad de la protección
dispensada a los distintos espacios protegidos con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos
de población incluidos en tales espacios. Con el fin de preservar nuestra valiosísima diversidad biológica,
y como he tenido ocasión de anunciar, procederemos al desarrollo del Plan estratégico del patrimonio
natural y de la biodiversidad por medio de planes sectoriales. El desarrollo de estos planes sectoriales se iniciará con el del sector del turismo, cuya finalización está prevista para 2013, que tendrá como objetivo
fundamental la integración de la conservación de la biodiversidad y el desarrollo del turismo. En cuanto a
la protección de las especies, y a la vista de las quejas formuladas por distintas asociaciones, usuarios y
organizaciones, ya está en marcha la modificación del Real Decreto de especies exóticas e invasoras. Se pretende con esta modificación —para la que ya se ha constituido un grupo de trabajo en el ministerio— acabar con las distorsiones y la inseguridad jurídica que la aplicación de esta norma estaba generando a los gestores y usuarios del medio natural. Además de revisar las determinaciones del real decreto respecto al listado, para ajustarlo a lo dispuesto en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se clarificará la situación de aquellas especies introducidas legalmente en el pasado, para que la pesca y la caza puedan ser utilizadas como instrumentos de gestión.

En lo relativo a residuos, el objetivo fundamental es simplificar y reducir las cargas administrativas que
recaen en los distintos operadores. Con este propósito, estamos revisando determinados aspectos de la
Ley de residuos y suelos contaminados, cuya redacción ocasionaba ambigüedad e inseguridad. Así, en
relación con los sistemas de depósito, devolución y retorno, se delimitará con mayor precisión su ámbito
de actuación, se reducirán cargas administrativas concretas y se establecerá una autorización única para
todo el territorio nacional de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada —antiguos SIG, o
sistemas integrados de gestión—. En este punto, quiero anunciar que el próximo mes se va a constituir la
comisión de residuos, de la que forman parte todas las organizaciones competentes y que va a suponer
un instrumento de gran utilidad para abordar la mejora de la gestión de residuos en España y el análisis
de las diferentes opciones tecnológicas. Vamos a establecer el registro de producción y gestión de
residuos como una base de datos única, alimentada por la información suministrada por todas las
comunidades autónomas, para hacer efectiva la validez de las autorizaciones y comunicaciones en todo
el territorio del Estado, y trabajaremos para poner en marcha una plataforma electrónica. Procederemos
también a adaptar los reglamentos reguladores de cada flujo de residuos, así como las modificaciones
que se produzcan en esta materia en las de directivas comunitarias. Por otra parte, adaptaremos el Plan
Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 para incluir la estrategia general de la política de residuos, las orientaciones y estructura a las que deberán ajustarse los planes autonómicos, y los objetivos mínimos de prevención, preparación para reutilización, reciclado, valorización y eliminación de residuos. Asimismo, se impulsará la creación de los planes de prevención de residuos, previstos en la Directiva marco de residuos, que deberán estar preparados en diciembre de 2013.

Uno de los principales objetivos que persigue el departamento que dirijo es contribuir con claridad a la
mejora de la calidad del aire que los españoles respiran. Se trata de una tarea ardua, que exige el
concurso de todas las administraciones y actores involucrados, y que estamos dispuestos a acometer e
impulsar. En esta línea, estamos procediendo a la revisión y puesta al día del Plan Nacional de Mejora de
la Calidad del Aire, un plan que a día de hoy es poco más que una declaración de intenciones. Esta
revisión tiene como objetivo fundamental que las medidas previstas en el plan sean efectivas y realistas,
y cuenten con el consenso de aquellos que las tienen que aplicar y exigir. Asimismo, y como medida
tendente a la mejora de la calidad del aire, procederemos a la trasposición al ordenamiento jurídico
nacional de la Directiva 2010/75/UE, de emisiones industriales, a través de la modificación de la
Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación.

En materia de responsabilidad medioambiental, la Ley de Responsabilidad Medioambiental ha
traspuesto del Derecho comunitario un régimen administrativo que prevé que determinados
operadores constituyan previamente una garantía financiera con la que hacer frente a la reparación
del daño medioambiental causado. Tras el desarrollo parcial de esta ley por medio del reglamento,
que establece un nuevo régimen jurídico de reparación de daños medioambientales, y de la orden
ministerial por la que se establece el calendario a partir del cual será exigible la garantía financiera
obligatoria, es el momento de regular el procedimiento de los operadores que deben constituir estas
garantías financieras. Nos proponemos hacerlo teniendo en cuenta el actual contexto económico, que
nos exige racionalidad y proporcionalidad; por lo tanto, en primer lugar, debemos revisar el número
de operadores que tienen que constituir esta garantía financiera y exigir las garantías de acuerdo con
la actividad, sector y riesgo que se genere por cada operador. Además, hemos comenzado a trabajar
en una simplificación del procedimiento de determinación de la garantía financiera obligatoria. Por un
lado, se simplificará el procedimiento de análisis de riesgos medioambientales y, por otro, este año se
pondrá a disposición de estos operadores, de forma gratuita, una aplicación informática que les
facilite la realización de la cuantificación del daño medioambiental. Finalmente, se sustituirán los
trámites administrativos de verificación por una declaración responsable del operador. Por último, se va a comenzar a trabajar con las comunidades autónomas en una propuesta de simplificación y 
coordinación para la tramitación de expedientes de responsabilidad medioambiental, de forma que, si se produce un accidente grave, dispongamos de un procedimiento de actuación claro y sencillo con
el que hacer frente desde el primer momento al deterioro medioambiental.

Señorías, espero haber ofrecido una perspectiva amplia de las principales actividades que desarrollará
mi departamento, que lo serán bajo la prioridad de una estricta política de reducción del gasto público y
con la máxima exigencia de transparencia, rigor y realismo en el cumplimiento de nuestros compromisos
en materia de medio ambiente y de cambio climático.

Muchas gracias.

TEXTO COMPLETO:

http://www.senado.es/legis10/publicaciones/html/maestro/index_DS_C_10_41.html

canariasahora.com: "Las prospecciones están a 13 kilómetros de zonas naturales protegidas por la UE"

Canarias /

24/04/2012 (17:45 h.)

 

AFECTARÍAN A ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC) Y DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA AVES (ZEPA)

 

 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - CANARIAS AHORA

 

 

Mapa que muestra la cercanía de los permisos a las zonas protegidas. (WWF/ADENA)

 

 

 

"Es un argumento más que suficiente para que se suspenda todo el proceso", señala Mario Cabrera.

Ben Magec recurre al Supremo contra las prospecciones

El PP acusa a Rivero de mentir sobre el petróleo

El permiso petrolífero 'Canarias 2' está a solo 13 kilómetros de Puerto del Rosario

Pdf: Distancias de las zonas protegidas

 

Las áreas de perforaciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno de España frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura se encuentran apenas a 13 kilómetros de los espacios ZEC (Zona de Especial Conservación) y ZEPA (Zona de Especial Protección para Aves) recogidos por la Unión Europea en la Red Natura 2000 [Vea el mapa ampliado].
Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, en coordinación con colectivos ciudadanos y ecologistas como El Guincho, Agonane, Ben Magec, Ecologistas en Acción y WWF Adena, han remitido información complementaria sobre esta cercanía y los peligros que ello implica para la conservación.

“Entendemos que es un argumento más que suficiente para que se suspenda todo el proceso, ya se lo hemos explicado al Ministerio, pero como no hace caso ni si quiera responde a las alegaciones, lo que ahora hacemos es trasladarlo a la Unión Europea para que actúe en consecuencia”, expuso el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, quien además recordó que este martes precisamente se cumple un mes de la multitudinaria manifestación ciudadana del 24 de marzo.
Red Natura 2000

Red Natura 2000 se desarrolla a partir de la aplicación de dos directivas de la Unión Europea: la Directiva de Aves (79/409/CEE) y la Directiva Hábitats (92/43/CEE) traspuesta al ordenamiento jurídico español por el R.D 1997/45.. Está constituida por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las Zonas de Especial Conservación (ZEC) de cada Estado miembro de la Unión Europea.
Las ZEPA se comienzan a definir y establecer a partir de la Directiva Aves. Esta Directiva, de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros de la Unión Europea, reclama la necesidad de conservar y gestionar adecuadamente las poblaciones de aves silvestres, especialmente aquellas especies consideradas como prioritarias en Europa.

Los ZEC o Zonas de Especial Conservación son designadas por la Comisión Europea a partir de una propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) elaborados por los Estados miembros a partir de los criterios establecidos en la Directiva Hábitats (poseer especies animales o vegetales amenazados o representativos de un determinado ecosistema).

EL PAIS: "Medio Ambiente veta la refinería en Extremadura"

El departamento de Cañete considera que el oleoducto junto a Doñana es inviable

El Gobierno pone fin a un polémico proyecto cuya tramitación comenzó en 2005

Rafael Méndez Madrid 29 MAR 2012 - 13:56 CET

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha anunciado hoy que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Refinería Balboa, en Santos de Maimona, Badajoz, será negativa. Con el veto se acaba una larguísima tramitación, que comenzó en 2005, y que el Gobierno anterior fue demorando. Portugal y la Junta de Andalucía se oponían al proyecto, que incluía la construcción de un oleoducto cerca de Doñana.

La obra, con una inversión anunciada de unos 2.000 millones de euros, contaba con el apoyo del PSOE en Extremadura, pero la llegada del PP, con el apoyo de IU, dejó muy tocado el proyecto. La DIA negativa supone la puntilla y prácticamente hace inviable recuperarlo en el futuro.

"Los técnicos del ministerio consideran que esta iniciativa es ambientalmente inviable por su potencial impacto sobre el entorno del Parque de Doñana, el más emblemático de la red española de espacios protegidos, así como por sus afecciones al medio marino, en una zona de elevada biodiversidad como es la reserva de pesca marítima", según un comunicado del Departamento que dirige Miguel Arias Cañete.

El ministerio advierte que la instalación entrañaría "riesgos ambientales relacionados con los vertidos líquidos y la generación de residuos peligrosos de las instalaciones proyectadas" y considera que la instalación, "a más de 180 kilómetros de la costa, incumple los objetivos de eficiencia energética recogidos en la normativa europea".

También incide negativamente "la afección al paisaje y al patrimonio cultural, ya que la refinería se sitúa en una parcela atravesada por la Vía de la Plata que forma parte del Camino de Santiago".

La Junta de Extremadura dispone de un plazo de quince días para pronunciarse sobre la propuesta del ministerio. Si en ese plazo no se recibe contestación, el Ministerio formulará su declaración de impacto ambiental en los términos propuestos. Cañete prometió agilizar las declaraciones de impacto ambiental y el ministerio afirma que así cumple su compromiso.

El expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, del PSOE, había hecho bandera de su apoyo a la refinería, promovida por el Grupo Gallardo, del empresario extremeño Alfonso Gallardo. La obra había generado una enorme polémica y hasta problemas con Portugal, lo que fue retrasando la decisión. Con la crisis, las refinerías no funcionan a medio rendimiento y tampoco sería sencillo conseguir la financiación para el macrocomplejo.

FUENTE: EL PAIS

EL PAIS: "¿Una autovía para encerrar Doñana?"

Pese a los recortes, el PP andaluz promete una obra que bordea el paraje

Los cazadores reclaman una gestión cinegética en los parques nacionales

Rafael Méndez Madrid 19 MAR 2012 - 22:23 CET67

Un vehículo transita por una playa del parque de Doñana. / GARCÍA CORDERO

Crece la presión sobre los parques nacionales. Pese a los recortes presupuestarios, el Partido Popular de Andalucía ha prometido que si gana las elecciones del 25 de marzo la primera gran obra que apruebe será la autovía Cádiz-Huelva, un conflictivo proyecto que bordea el parque natural de Doñana. El PP argumenta que no toca el espacio protegido y que es una reivindicación histórica de las dos provincias. Además, los populares apoyan la reclamación de los empresarios de Granada de estudiar la ampliación de la estación de Sierra Nevada para esquiar dentro del parque nacional, otra vieja reclamación. No es la única polémica sobre los parques nacionales, ya que los cazadores piden que se les permita la caza en estos 14 espacios, joyas de la corona de la naturaleza española. El Ministerio de Medio Ambiente tendrá la última palabra.

La carretera por Doñana es una vieja polémica. Desde hace décadas, la reclaman sectores de Cádiz y Huelva, dos provincias separadas por el Guadalquivir y sin contacto directo por carretera. Para ir de una capital a otra hay que pasar por Sevilla (con los atascos en la ronda que eso supone). El PP destaca que en Europa no hay dos provincias limítrofes sin conexión. El problema es que entre Huelva y Cádiz está Doñana.

Tras pedir una carretera por la costa, el PP ha optado abiertamente esta campaña electoral por la variante norte: desdoblar una pequeña carretera actual que bordea el parque natural (mayor que el nacional) por el norte y luego construir un nuevo y complejo puente sobre el Guadalquivir. Son 60 kilómetros, con lo que el viaje bajaría de 230 kilómetros a 170, con un ahorro de 45 minutos. “No se toca Doñana, crearía 1.400 empleos y permitiría ampliar las visitas al parque, al Rocío y a Matalascañas”, explica un portavoz del PP de Huelva. El PP andaluz ha prometido que esa sería “la primera gran obra” de Javier Arenas, favorito en las encuestas. El PP recuerda que en Cádiz ya hay una autovía que atraviesa un parque natural, la Jerez-Los Barrios a través de Los Alcornocales.

Tras pedir una carretera por la costa, el PP ha optado abiertamente esta campaña electoral por la variante norte

La Junta de Andalucía, del PSOE, considera que la obra tiene un impacto ambiental inasumible y apuesta por mejorar las rondas de Sevilla para acortar el viaje. Juan José Carmona, responsable de la ONG ecologista WWF en la zona, muestra su inquietud: “La cosa va en serio porque la implicación del PP ha crecido. Sin embargo, de prometerlo a que se pueda realizar falta mucho”. Carmona señala que la obra “no tiene sentido desde el punto de vista ambiental ni de gasto público”, que supondría “aislar del todo el espacio protegido” y “convertir Doñana en un zoológico”. Además, Bruselas podría poner pegas, como puso en el desdoblamiento de la carretera a Matalascañas.

Miguel Ferrer, delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Andalucía, considera que con las medidas correctoras adecuadas la autovía de Doñana no tiene por qué ser inviable: “Además, se acabaría con la amenaza de la carretera por la costa, con un mayor impacto”.

En cualquier caso, la última palabra la tendría el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete, buen conocedor de la zona. El departamento no ha dado su opinión oficial sobre la obra, pero el tradicionalmente se ha opuesto, por lo que la aprobación de la obra no se prevé sencilla.

El ministerio sí ha anunciado que quiere potenciar el turismo en los parques nacionales y que cambiará la ley para mejorar la coordinación de la red de parques nacionales. Estos espacios son de gestión autonómica por una sentencia del Tribunal Constitucional de 2004.

Además, el PP de Andalucía ha anunciado que apoya la petición de los empresarios de Granada para estudiar cómo se podría ampliar la estación de Sierra Nevada para esquiar dentro del parque nacional. Juan Miguel Martínez Cañavate, portavoz de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, señala que “la estación está rodeada por el parque” y que solo reclaman que “la dejen crecer un poco”. Martínez Cañavate pone como ejemplo Los Dolomitas, en Italia, en el que hay “zonas de máxima protección con pasillos para los esquiadores”.

Con la llegada del nuevo Gobierno, proliferan las demandas para suavizar los usos permitidos en los 14 parques nacionales, la máxima figura de protección. La Oficina Nacional de Caza, que agrupa a todas las asociaciones del sector, ha reclamado a Medio Ambiente que “permita practicar la caza, correctamente planificada y acorde con las necesidades conservacionistas”.

Hasta ahora, cuando hay exceso de una población en un parque nacional, son los guardas de medio ambiente los encargados de abatirlos. Así ocurre con los lobos en los Picos de Europa. Los cazadores, que mantienen una muy buena relación con el PP, creen que Medio Ambiente podría ingresar dinero permitiendo la gestión cinegética privada, ya que “la caza es un acto inevitable”.

FUENTE: EL PAIS

Los ecologistas alegan contra una termosolar próxima a la Red Natura 2000

Grupo ecologista CARALLUMA

"La cara oculta de la industria termosolar"

Ocupación de la proyectada termosolar desde la perspectiva de Mojantes

Caralluma ha presentado recientemente alegaciones a dos proyectos de energía solar térmica de concentración que se encontraban en información pública, planificados para nuestra comarca (uno en el Campillo de Abajo en el T.M. de Caravaca de la Cruz y otro entre el Entredicho, Cañada de la Cruz y Los Odres). En realidad, se trata de un único mega-proyecto de 100 MW fraccionado de forma irregular en dos subproyectos de 50 MW, promovido por Photosolar Medina 3 y 4, S.L. La empresa promotora hace esta argucia para evitar que sea la Administración General del Estado quien tenga la competencia de evaluarlos ambientalmente y pasar este trámite por las comunidades autónomas de forma más simplificada. Sobre la imposibilidad de fragmentación se ha pronunciado tanto el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como nuestro Tribunal Supremo y nuestra Audiencia Nacional y ha sido confirmada de manera reiterada por las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como una práctica fraudulenta, por ejemplo en el asunto C 227/01 por tramitar de manera independiente diferentes tramos de un proyecto de desdoblamiento de una línea de ferrocarril.

Caralluma defiende la implantación de la energía solar, sin embargo rechaza frontalmente este mega-proyecto dividido en dos por su envergadura desproporcionada, que provocará unos impactos muy severos a todos los niveles que no se justifican en modo alguno por tratarse de una instalación solar. Ocupan una superficie gigantesca de 1140 hectáreas, un 20% superior a la extensión de la ciudad de Murcia. Todo este terreno, actualmente suelo fértil, ha de aplanarse, compactarse y llenarse de viales concéntricos donde no se dejará crecer la vegetación. Sobre él se instalarán unos 35.000 heliostatos (espejos móviles) de 60 metros cuadrados cada uno que reflejarán los rayos del sol a dos torres de concentración de 196 metros cada una (el doble de la Catedral de Murcia ). No existe todavía en España ninguna planta construida de esta magnitud.
El consumo de agua es enorme, ya que es necesaria para la generación del vapor y para la limpieza de los heliostatos, del orden de 500.000 metros cúbicos anuales, que pretenden obtener de los acuíferos del noroeste. En uno de los subproyectos mediante un pozo existente y en otro de ellos perforando uno nuevo y utilizando el sondeo ya existente de abastecimiento de Cañada de la Cruz , Los Odres, El Hornico y El Moral. Esto puede ocasionar una nueva presión sobre los recursos de agua subterránea que pueda poner nuevamente en peligro la existencia de manantiales y los usos económicos y tradicionales asociados a ellos.

El impacto paisajístico será sencillamente brutal. Se hace difícil imaginar la imagen de 600 hectáreas cubiertas de espejos y una torre central iluminada como un nuevo sol en la zona. Los reflejos incontrolados y las emisiones luminosas que se producirán podrían ser una gran molestia para los habitantes de la zona, en particular para las poblaciones de Cañada de la Cruz (1.200 metros) y los Odres, e incluso podrían provocar deslumbramientos a los conductores que transiten por la comarcal C-330.
Se trata de una pérdida total del medio rural y su industrialización masiva, lo que entra claramente en conflicto con las políticas de las administraciones, que durante años han estado fomentando y subvencionando las actividades agropecuarias, la conservación de la biodiversidad y el arraigo de la población en este medio rural. De hecho, hemos calculado que en la superficie que podrían ocupar los espejos, se han invertido entre 3 y 6 millones de euros a través de las subvenciones de la Política Agraria Común. En los estudios de impacto ambiental se destacan los puestos de trabajo que llevará este mega-proyecto, que cuantifican en unos 80 o 100 permanentes. Sin embargo, se les ha olvidado restar los puestos de trabajo que desaparecerán al eliminar el uso agropecuario actual. Hacen falta muchas horas de trabajo para cultivar 1140 hectáreas, pastorear miles de ovejas y cabras, cuidar colmenas, etc.. Es evidente que si hay alguna ganancia neta en puestos de trabajo ha de ser mínima. Además, el impacto de estas instalaciones será muy negativo sobre el turismo rural de la zona, en particular la planta que se encuentra cerca de Los Odres y Cañada de la Cruz, donde tiene una cierta importancia esta actividad.

La fauna sufrirá un impacto muy severo. Comunidades completas de aves, mamíferos y reptiles perderán su hábitat ya que, como hemos indicado, esta instalación precisa de una superficie limpia, compactada y sin vegetación. Las especies que más sufrirán las consecuencias será el Cernícalo primilla, especie catalogada como en peligro de extinción en la región de Murcia, cuya principal colonia a nivel regional se encuentra a escasos 300 metros de la planta. Al eliminar 600 hectáreas de su área de campeo, el propio estudio de impacto ambiental del proyecto admite su más que probable desaparición. El Buitre leonado, que anida en la sierra de Mojantes a unos 700 metros de la planta, también puede ser uno de los grandes perjudicados. Aves rapaces muy escasas como el Alcotán o el Búho chico anidan en la misma zona de la planta, y entre las que la utilizan como área de campeo podemos citar al Águila real, Águila culebrera, Aguililla calzada, Halcón común, Búho real, Lechuza común, Cernícalo vulgar o Busardo europeo. Tenemos observaciones aquí de Aguilucho cenizo, Milano negro, Alimoche e incluso Quebrantahuesos. Una gran cantidad de aves esteparias que habitan estas planicies serán desplazadas, como el Sisón, el Alcaraván, Collalba rubia y gris, etc.

CARALLUMA ha defendido y defenderá siempre la implantación de energías renovables, en particular la solar, pero consideramos necesario una adecuada planificación territorial, de forma que haya criterios racionales que eviten que sea el mero beneficio económico de las empresas el factor que decida su ubicación. Según nuestro punto de vista es necesario dar prioridad a los proyectos con un bajo consumo de agua, como la energía fotovoltaica frente a la termosolar, emplazar las grandes plantas en zonas más cercanas a los grandes centros de consumo, como ciudades y zonas industriales, evitando los fuertes impactos de largas –y cada vez más grandes- líneas de alta tensión, distribuir las centrales de forma que no se concentren en una sola zona creando una suma de afecciones y sobre todo fomentar pequeños proyectos de bajo impacto que satisfagan demandas locales.

FUENTE: GRUPO CARALLUMA

La Xunta tramita la autorización para un polígono que ocupa suelo de la Red Natura

laopinióncoruña.es » Gran Coruña

El parque empresarial se ubicaría cerca del de Curtis, que Infraestruturas admite que está "escasamente desarrollado". El Gobierno gallego lo incluye en su plan de áreas empresariales

03:29

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El Superior y la anterior Xunta se opusieron a la creación del polígono .

Gran Coruña

ANTARES PÉREZ | A CORUÑA La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas incluye en el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales de Galicia un polígono de promoción privada que ocuparía 44 hectáreas de terreno calificado como suelo rústico de protección agropecuaria y que en su límite norte y nordeste invadiría suelo que la propuesta de la Rede Natura 2000 incluye en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Serra da Cova da Serpe.

La Consellería de Medio Ambiente acaba de emitir el documento de referencia para la evaluación ambiental del proyecto sectorial que promueven Galaico Mexicana de Promociones y Elmac 2003, propietarias del 52% de un ámbito, conocido como As Toxeiras, que ocuparía 444.883 metros cuadrados de Curtis y 5.385 de Aranga.

El parque empresarial se levantaría a escasa distancia del polígono de Teixeiro, el más grande de Galicia, con una superficie de 1,7 millones de metros cuadrados y, admite la Xunta, "escasamente desarrollado". En su informe, Medio Ambiente advierte de la necesidad de justificar el incremento de suelo empresarial, dado que el parque se proyecta también "a poca distancia" del polígono de Guitiriz.

El Gobierno gallego concede a este parque empresarial una viabilidad media, de 58 sobre 100, más que al de Camariñas, Cariño o Laxe. La Xunta confía en que pueda "aprovecharse las sinergias" con las empresas de los parques cercanos.

El Gobierno gallego admite que el parque empresarial As Toxeiras ocuparía espacio incluido en la Rede Natura aunque, precisa, solo "una pequeña parte". Destaca la posible afección a una "tesela de hábitats de interés comunitario" entre los que se encuentran humedales clasificados como "prioritarios". Al sur del ámbito se encuentra el Rego do Porto que, advierte, está "incluido en el inventario de humedales de Galicia. Alerta además del posible impacto al Rego do Porto y el humedal Os Francos.

El Gobierno gallego matiza que, a excepción de una "pequeña parte" del espacio LIC, el resto del sector carece de espacios naturales protegidos, aunque admite que la presencia de humedales y hábitats de interés comunitario obliga a extremar las precauciones para preservar los "principales valores del ámbito". Advierte de que "deben establecerse corredores ecológicos al menos entre las áreas estratégicas de conservación" y otras medidas de protección en el Informe de Sustentabilidad Ambiental (ISA).

Comisión Europea - Comunicado de prensa: "Medio ambiente: la evaluación del impacto ambiental, ahora más fácil"

Bruselas, 17 de febrero de 2012 – Para ayudar a las autoridades de los Estados miembros y a los promotores a gestionar más fácilmente las consecuencias medioambientales de los proyectos de construcción, la Comisión ha reunido toda la legislación vigente en la UE que rige las evaluaciones de impacto ambiental. La Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental (EIA) original y sus tres revisiones posteriores se han combinado para crear una versión más concisa, clara y fácil de usar, que entra en vigor hoy.

Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente, ha declarado lo siguiente: «La Directiva EIA es un instrumento eficaz para responder a las preocupaciones ambientales en el diseño de los proyectos de construcción. Los cambios se dirigen a simplificar el formato de la Directiva, haciendo que sea más accesible, clara jurídicamente y fácil de hacer cumplir. Esta iniciativa forma parte de la revisión de la Directiva EIA, un proceso que comenzó en 2010 y que tiene por objeto aumentar la protección del medio ambiente prevista en la Directiva, mientras se reduce la carga administrativa».

Esta «codificación» forma parte de un esfuerzo en curso por simplificar la normativa de la UE. Significa que la Directiva EIA y todas sus modificaciones posteriores se refundirán en un único texto legislativo transparente y legible, sin alterar en absoluto sus disposiciones originales. Como la legislación vigente, la versión codificada se ha traducido a todas las lenguas oficiales de la UE. Las traducciones de la nueva versión también se han revisado para eliminar cualquier inseguridad provocada por una redacción confusa o errores de lengua.

El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva EIA codificada el 13 de diciembre de 2011 y su texto se publicó el 28 de enero de 2012 como Directiva 2011/92/UE.

La evaluación del impacto ambiental es un procedimiento que garantiza que las repercusiones medioambientales de los proyectos de construcción (por ejemplo, embalses, autopistas, aeropuertos, fábricas y proyectos energéticos) se evalúen y tengan en cuenta antes de que la autoridad competente del Estado miembro tome una decisión sobre la autorización del proyecto. Los principios comunes de la evaluación ambiental de los proyectos públicos y privados se definieron inicialmente en la Directiva EIA de 1985, modificada en 1997, 2003 y 2009.

Próximas etapas

El proceso de revisión de la Directiva EIA finalizará más adelante este año, cuando la Comisión presente su propuesta de revisión de la Directiva codificada. Los cambios futuros se centrarán en el contenido de la Directiva más que en su forma.

Antecedentes

El objetivo de la Directiva EIA es garantizar que los proyectos que puedan tener un efecto significativo en el medio ambiente se evalúen adecuadamente antes de su aprobación. Por lo tanto, antes de que se adopte cualquier decisión por la que se autorice la realización de un proyecto de este tipo, se determinan y evalúan sus repercusiones en el medio ambiente. Los promotores pueden adaptar entonces los proyectos para reducir al mínimo sus repercusiones negativas antes de que éstas se produzcan realmente o las autoridades competentes pueden incorporar medidas paliativas en la autorización de los proyectos.

La Directiva garantiza la participación de la población en los procedimientos de toma de decisiones en materia de medio ambiente. Durante el período de evaluación del proyecto, la población afectada debe ser informada y poder presentar sus observaciones sobre las propuestas de los promotores, permitiendo así que las autoridades competentes y los promotores tomen decisiones fundadas.

Más información:

El texto codificado de la Directiva EIA se puede consultar en:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:ES:HTML

Véase también:

Más información sobre la Directiva de evaluación del impacto ambiental:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm

http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm

EL PAIS: "Gipuzkoa quiere blindar Jaizkibel para impedir el puerto exterior de Pasaia"

La Diputación de Bildu pide declarar como “reserva marina” el área donde está prevista la dársena

Mikel Ormazabal Donostia-San Sebastián 1 FEB 2012 - 00:10 CET

La Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, dio ayer un paso más en su intento de poner más trabas al proyecto de construcción de un puerto exterior de Pasaia. El consejo que preside Martin Garitano aprobó una declaración institucional en la que solicita que el espacio marino colindante con la zona protegida de Ulia-Jaizkibel, en el que se proyecta la dársena, sea declarada “reserva marina” y forme parte de la Red Natura 2000, lo que haría inviable la ejecución de esta infraestructura.

Aunque la portavoz foral, Larraitz Ugarte, quiso aclarar que la finalidad de la propuesta no es frustrar la construcción del puerto exterior, sino catalogar como espacio de “especial protección” una extensión de 13.000 hectáreas de mar, su aprobación conseguiría neutralizar el intento de la Autoridad Portuaria de Pasaia de impulsar la infraestructura portuaria. La Diputación ya presentó una alegación que pide desestimar y retirar el proyecto.

La iniciativa necesita el visto bueno de la Comisión Europea para que tenga consecuencias prácticas, reconoció Ugarte. En 2004, Bruselas ya incluyó 2.504 hectáreas de los montes Ulia y Jaizkibel en la red Natura 2000. Ahora se pretende dotar del mismo grado de protección ambiental a los fondos marinos de esta zona, que coincide con el lugar donde se proyecta la dársena exterior, porque “tiene uno de los niveles más altos de biodiversidad marina”, dijo Ugarte. En la actualidad, el litoral comprendido entre Zumaia y Deba, donde se encuentran los flysh, tiene la catalogación de biotopo y está protegido, mientras que en el País Vasco francés hay siete zonas protegidas.

La Diputación tiene la aspiración de crear una franja marítima protegida de 300 kilómetros cuadrados que interconectara el corredor comprendido entre Gipuzkoa y la parte vascofrancesa.

La institución foral pretende crear un corredor ecológico de 300 kilómetros

El acuerdo adoptado por el consejo de diputados se enviará al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, al Ministerio de Medio Ambiente y la dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea, así como a la agencia de desarrollo de la Eurociudad Bayona-San Sebastián, al Consorcio Bidasoa-Txingudi y a la Comisión de Trabajo de los Pirineos.

La portavoz foral señaló que diversas investigaciones acreditan que Ulia-Jaizkibel es una zona pelágica “muy rica” desde el punto de vista “ecológico, geológico y paisajístico”, y cuenta con unos “acantilados, arrecifes, arenales y cuevas que son fundamentales para las algas, invertebrados, peces, aves y cetáceos”.

Ecologistas tramitan 2.750 alegaciones respaldadas por más de 10.000 firmas

Por otro lado, el colectivo ecologista Jaizkibel Bizirik ha presentado 2.750 alegaciones con más de 10.000 adhesiones contra la construcción del puerto exterior. Las alegaciones de Jaizkibel Bizirik al Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), recogidas en solo dos semanas, exigen abandonar este proyecto al entender que supone “un atentado ecológico” que “no garantiza el futuro de la actividad portuaria” e implica el “endeudamiento a gran escala de distintas instituciones”.

Jaizkibel Bizirik propone como “alternativa real e inmediata” la mejora de las actuales instalaciones portuarias, “aprovechando espacio y liberando superficies”, porque esta opción “permitiría la regeneración urbana y portuaria”. El colectivo ecologista critica a la Autoridad Portuaria por no analizar esta solución y “tratar de anularla”.

En un comunicado, Jaizkibel Bizirik informa de que las 2.750 alegaciones incluyen 2.300 escritos individuales y otras 450 de colectivos, fundamentalmente de ciudadanos de la comarca de Pasaialdea y de Gipuzkoa.

En la cascada de alegaciones contrarias al ISA, la Fundación Geológica Luberri, de Oiartzun, ha presentado un escrito en el que califica el proyecto portuario de “atentado ecológico” que afecta “de manera crítica e irreversible” al Jaizkibel e impediría que este lugar forme parte en un futuro de la ampliación del Geoparque de la Costa Vasca (Mutriku-Deba-Zumaia).

FUENTE: EL PAIS

LA VERDAD: El estudio ambiental de El Gorguel pretende evitar el control de la UE

Viudes asegura que, si es mínima la afectación del nuevo puerto a la Red Natura 2000, no será necesario que Bruselas se pronuncie

19.01.12 - 01:07 -

G. MÁRMOL | CARTAGENA.

El nuevo puerto de El Gorguel es una infraestructura estratégica para la Comunidad Autónoma. De ahí que su promotora, la Autoridad Portuaria de Cartagena, trate de reducir los plazos de construcción con trámites que pueden ser innecesarios si se realiza un buen estudio medioambiental previamente. Uno de los requisitos que pretenden evitar es el control por parte de las autoridades medioambientales de la Unión Europea (UE) del impacto del proyecto.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Adrián Ángel Viudes, anunció ayer que el grado de afectación de la futura terminal marítima a la principal figura de protección ambiental del litoral de la Región de Murcia, la Red Natura 2000, determinará la implicación de la UE en el estudio del proyecto. En caso de que el impacto sea mínimo, Viudes aseguró que la revisión y valoración corresponderá al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. De ahí que la Comunidad Autónoma y el Puerto trabajen ya conjuntamente para establecer las garantías técnicas y medioambientales que hagan innecesario enviar el proyecto a Bruselas.

«Son los ecologistas los que dicen que la Unión Europea se tendrá que pronunciar sobre El Gorguel. No es así. La Comunidad Autónoma es quien debe establecer el grado de afectación del proyecto a la Red Natura, y si dice a Madrid que el grado es mínimo, no hará falta», anunció Viudes, pese a que en las últimas actuaciones de la Comunidad en espacios de la Red Natura ha habido comunicación a la UE.

Financiación propia

Otra de las claves que desvinculan el proyecto de El Gorguel del control de las autoridades comunitarias es que será desarrollado con fondos propios procedentes de los ahorros de la cuenta de resultados de los últimos ejercicios, de operaciones de crédito y sobre todo de los cánones de explotación de las futuras instalaciones.

La Autoridad Portuaria elabora actualmente con el asesoramiento de una consultora y el seguimiento minucioso de la Comunidad Autónoma el informe de sostenibilidad ambiental del puerto de El Gorguel. Dicho documento estará elaborado a mitad de año y será expuesto públicamente para su discusión y presentación de alegaciones. Con las posibles modificaciones realizadas en esa fase, el informe de sostenibilidad se convertirá en una memoria ambiental que también recogerá los planteamientos y exigencias del Ministerio. Solo cuando esté redactado dicho documento, será elaborado el plan director de la obra, documento previo al proyecto definitivo.

Durante una rueda de prensa convocada para hacer balance del año 2011, Viudes defendió que todos los proyectos de ampliación elaborados por la Autoridad Portuaria han supuesto la mejora medioambiental en la zona de actuación. A modo de ejemplo, recordó que la gaviota francesa (o de Audouin) ha desplazado a la patiamarilla (de menor valor ecológico que la primera) de la isla de Escombreras y aseguró que en la zona de la punta de Aguilones, donde acaba la protegida sierra de la Fausilla, anidan ahora más aves de interés singular que antes de las voladuras para construir el superpuerto. La única excepción es la del camachuelo trompetero que, según él, es invención de los ecologistas. «Nadie lo ha visto en la Fausilla», sentenció.

A favor del ministro

Adrián Ángel Viudes calificó el entorno de El Gorguel como «una auténtica porquería» y se mostró convencido de que la nueva terminal que proyecta el Puerto de Cartagena será compatible con la protección de los valores ambientales de esa franja de litoral.

Para el presidente de la Autoridad Portuaria existe un buen número de circunstancias que facilitan la construcción de la nueva terminal, como el anuncio del ministro Miguel Arias Cañete de revisar la Ley de Costas: «Nos han satisfecho mucho sus palabras sobre las modificaciones para ser capaces de compatibilizar el desarrollo y el medio ambiente. Si hemos sido capaces de hacerlo en Escombreras, no veo por qué no lo vamos a hacer en El Gorguel».

Nueva aprobación de proyecto sin respetar la Ley de Evaluación Ambiental

La Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias ha aprobado el expediente de información pública y el estudio informativo del acceso ferroviario a la ampliación de la dársenade Escombreras del puerto de Cartagena y de la remodelación de la estación de Escombreras.

La resolución se limita a indicar que "la redacción yaprobación de los proyectos constructivos corresponderá al Ministerio de Fomentoy que para su realización: - Se tendrán en cuenta (sic) las prescripciones establecidas en el condicionado de la declaración de impacto ambiental, que se incluye como anexo n.º 1 a esta propuesta de aprobación".

Como venimos señalando reiteradamente en este blog, para proyectos sometidos a EIA, la Directiva Europea y la Ley estatal básica EXIGEN que:

Artículo 15. Publicidad del proyecto autorizado.

1. La decisión sobre la autorización o aprobación del proyecto será hecha pública por el órgano sustantivo que la haya adoptado, el cual pondrá a disposición del público la siguiente información:

1. El contenido de la decisión y las condiciones impuestas.

2. Las principales razones y consideraciones en las que se basa la decisión, en relación con las observaciones y opiniones expresadas durante la evaluación de impacto ambiental.

3. Una descripción, cuando sea necesario, de las principales medidas para evitar, reducir y, si es posible, anular los principales efectos adversos.

Resolución: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/21/pdfs/BOE-B-2011-41644.pdf

EL PAIS: "La Conselleria de Industria de Galicia tramita en un parque natural una mina que desautorizó en 1998"

La Consellería sacó a concurso una licencia caducada en una zona protegida

PABLO TABOADA - Ourense - 16/01/2012

La sierra de la Enciña da Lastra fue declarada Parque Natural por la Xunta en 2002 y está incluida dentro de la Red Natura. A pesar de contar con numerosas figuras de protección ambiental, la Consellería de Industria autorizaba el pasado mes de diciembre una petición de derecho minero a la empresa Cantera Peña Argel, SL, en una zona ubicada en el ayuntamiento ourensano de Rubiá, lindando con la provincia de León. Y lo hace aprovechando un coladero legal recogido en el Plan Director de la Red Natura 2000.

Ese documento recoge que el territorio delimitado por ese espacio protegido se considera como área de exclusión a la hora de planificar y autorizar nuevas actividades y aprovechamientos mineros a cielo abierto. De hecho es tajante: "No se permitirán nuevas actividades extractivas". En la normativa aprobada por la propia Xunta se explica que estas explotaciones producen "un impacto paisajístico crítico". Sin embargo, añade una excepción. Se especifica que sí se permitirá la continuación de actividades mineras existentes quedando supeditadas a la correspondiente evaluación ambiental, al cumplimiento de la normativa europea en materia de hábitats naturales y a la licencia municipal exigida por la Lei de Ordenación Urbanística e de Protección do Medio Rural.

El trámite aprobado por Industria se limita a un permiso de investigación, al menos de momento. Con él, la empresa podrá averiguar si la zona es adecuada para la extracción minera. El siguiente paso sería la tramitación del permiso de explotación tras la necesaria evaluación de impacto ambiental favorable. Después podría perforar el macizo en busca de rocas ornamentales durante tres años, prorrogables otros tres.

Sin embargo, la adjudicataria de la licencia no tendrá que indagar mucho. Otra empresa explotó ese mismo ámbito antes. Y es que la Consellería de Industria sacó a concurso el 29 de junio de 2010 una licencia minera caducada, concedida a Compañía Española de Industrias Electroquímicas, SA (Cedie) el 14 de febrero de 2003. No se rescató un solo permiso (el concurso desbloqueó 121 derechos caducados), pero sí es el único incluido en un área de alto valor ecológico y con varias figuras de protección legal.Lo único que cambia es el nombre: la explotación que durante casi diez años gestionó Cedie se llamaba Don Rufino. La que ahora quiere aprovechar Cantera Peña Argel se llamará La Oliva. Las cuadrículas mineras (la unidad utilizada para identificar localización de permisos para minas) coinciden en ambos casos. De hecho, en la zona que aspira a acoger la explotación aún pueden observarse las instalaciones de la anterior adjudicataria.

Si la instalación de la mina fructifica, la Xunta deberá tramitar una declaración de impacto ambiental (DIA) antes de su autorización definitiva. Lo que no se sabe es si será coherente con lo que dictaminó en la DIA formulada para la primera concesión minera.

En mayo de 1998, incluso antes de que la zona estuviese protegida de forma específica por el Plan Director de la Red Natura, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente recortaba las aspiraciones empresariales estableciendo una serie de condicionantes como la reducción de la superficie afectada o la protección del sistema hidrológico. Y lo hacía basándose en las alegaciones presentadas por 17 instituciones y asociaciones, entre ellas la Xunta, que fue tajante. "Se solicita la formulación de una declaración de impacto ambiental negativa", aseguraba la presidencia de la Administración gallega.

Lo justificaba alegando la carencia de un programa de vigilancia ambiental, la afectación a la flora y fauna o al riesgo de una desestabilización del terreno a causa de la elevada pendiente.

La consultora que contestó aquellas alegaciones respondió que la Administración no había propuesto aún este espacio para incluirlo en la Red Natura y tampoco lo había declarado como espacio natural en régimen de protección general "lo que parece extraño si lo considera tan importante". Una década después y con ambas figuras de protección activas, la Xunta le da la vuelta a su propio argumento y tramita una licencia.

Fuentes de la Consellería de Industria matizan que "es un permiso de investigación minera, no una explotación". Afirman que se ha tramitado, como todas las demás, porque "así lo marca la ley" y recuerdan que la "aceptación a trámite no significa la concesión, ya que deberá pasar por las distintas evaluaciones correspondientes antes de dictaminar su resolución". Lo que no dice Industria es que estaba en su mano no llevar a concurso esta licencia en concreto, evitando así la obligatoria tramitación legal a la que alude ahora.

Curiosamente, el responsable de Cedie hasta 2010 y por lo tanto de la licencia minera extinta, Isidoro Pardilla Gago, estuvo en las quinielas para ocupar el puesto de conselleiro de Industria cuando se formaba el Gobierno de Feijóo. El expresidente de la empresa mantiene además una estrecha relación empresarial con el que fue consejero delegado de Fenosa, Honorato López Isla. Ambos empresarios, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, formalizaron a comienzos de 2010, Smartener, una consultora relacionada con la electricidad. Pardilla Gago también forma parte de Eólica Galenova, filial puesta en marcha en su momento por Caixanova.

Cantera Peña Argel obtuvo una segunda licencia minera en el mismo concurso, que también aprovechará otra licencia caducada. Pero cinco veces más grande que la ubicada en el parque natural: el derecho minero de A Portela abarca una superficie de 42 cuadrículas. Es la más grande de todas las que aparecen en la resolución por la que se aprobó la admisión a trámite de las solicitudes de derechos de la provincia de Ourense, publicada en el Diario Oficial de Galicia en abril de 2011. Cantera Peña Argel, a pesar de tener unos ingresos de explotación que superan los 464.000 euros, en 2010 solo ganó 1.598 euros.

Área muy protegida

Hasta cuatro figuras ambientales preservan legalmente la sierra de la Enciña da Lastra. Es parque natural, espacio Red Natura, zona de especial protección de aves (ZEPA) y lugar de importancia comunitaria (LIC). El macizo calcáreo de la sierra podría ser perforado a pesar de estar plagado de encinas y matorrales espinosos propios de climas mediterráneos. La vegetación de las paredes rocosas incluye hasta 62 endemismos únicos en Galicia. La fauna también se vería seriamente tocada si el proyecto se consuma. Hay, al menos, 21 especies distintas de aves de rapiña. Por ejemplo, allí vive la única pareja de buitres blancos de la comunidad. La asociación ecologista Adega califica a la Xunta como una "maquina da depredación ambiental". "La Xunta no acredita el más mínimo interés. Intentan colar estos proyectos agresivos mientras la Administración mira para otro lado", sentencian.

Esta zona ha visto amenazada su virginidad natural en numerosas ocasiones. La propia Xunta frenó las aspiraciones de Fomento, que pretendía construir la autovía A-76 entre Ourense y Ponferrada atravesando el parque natural. El Gobierno gallego no autorizó el trazado y propuso al ministerio una alteración de 4,3 kilómetros para evitar su paso por allí porque está catalogado como "de uso restringido".

FUENTE: EL PAIS

España, condenada por no publicar la autorización de un proyecto sometido a EIA

El Tribunal declara que la publicación de la declaración de impacto ambiental o de la licitación del contrato de las obras no sustituye a la obligación establecida en el artículo 9 de la Directiva 85/337 de comunicar al público la autorización o la denegación para ejecutar el proyecto

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), de 15 de diciembre de 2011, asunto 560/08, (Comisión c. España), por la que se declara el incumplimiento del Reino de España de las Directivas 85/337/CEE de evaluación de impacto ambiental y 92/43/CEE, de hábitats, en relación con los proyectos de duplicación y acondicionamiento de la carretera M‑501 espacios naturales protegidos de la Cuenca del río Guadarrama y Cuencas de los ríos Alberche y Cofio

(...)

112. No pueden estimarse los motivos de defensa alegados por el Reino de España, relativos a la puesta a disposición del público de las declaraciones de impacto ambiental y a la publicación de las decisiones de convocar una licitación para la conclusión de contratos con vistas a la elaboración de proyectos sobre la carretera M‑501 y a la adjudicación de los contratos de obra para la construcción de ésta. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el hecho de que un Estado miembro publique la declaración de impacto ambiental no sustituye a la obligación establecida en el artículo 9 de la Directiva 85/337 de comunicar al público la autorización o la denegación para ejecutar el proyecto (véase la sentencia de 16 de marzo de 2006, Comisión/España, antes citada, apartado 56).

Publicada aprobación de Proyecto de puerto deportivo que integra la DIA

La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha publicado la Resolución Administrativa de Aprobación definitiva del “Proyecto básico de obras de acondicionamiento y mejora del Puerto Deportivo de Islas Menores". Dicho proyecto fue sometido a trámite ambiental de "decisión caso por caso", decidiéndose que no era necesaria la EIA del proyecto.

En este caso, dicha Autorización reproduce fielmente e incluso amplía los condicionantes ambientales de los informes del trámite discrecional y su integración con el proyecto constructivo propiamente dicho, lo que contrasta con numerosos planes y proyectos, tanto estatales como regionales, cuya autorización ni siquiera se publica, o bien, de publicarse, se limitan (aunque a veces ni siquiera eso) meramente a citar la publicación de la DIA o la aprobación de la Memoria Ambiental.

178 Aprobación definitiva del “Proyecto básico de obras de acondicionamiento y mejora del Puerto Deportivo de Islas Menores”. 04/01/2012 - Página 760

Decisión de no someter a Evaluación ambiental de Proyectos el proyecto de obras de acondicionamiento y reforma del puerto deportivo del Club Náutico "Islas Menores", en el término municipal de Cartagena, con nº de expedientes 878/09 AU/EIA, a solicitud de la Dirección General de Transportes y Puertos, S.L., CIF: s-3011001-I.Fecha: 06/05/2011

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"Mina de Zilbeti: Conservar el paisaje protegido o mantener puestos de trabajo"

¿Es compatible la extracción minera con la conservación de un espacio? ¿Es entendible que se quieran prolongar puestos de trabajo en un momento económico tan complicado para mantener el desarrollo socioeconómico de una zona pero a costa de la posible destrucción de parte su territorio? Estas son algunas de las preguntas que surgen ante una polémica encendida estos días en Navarra, donde la empresa Magna pretende llevar a cabo un proyecto de extracción de magnesita a cielo abierto en un hayedo de la Red Natura 2000, comprendido en una Zona de Especial Conservación (ZEC), Monte Alduide, y ubicada en el pirineo, donde se encuentran los últimos reductos del Pico Dorsiblanco, una especie en peligro de extinción. La mayoría de la población de la zona, y el propio Gobierno navarro, apoya el proyecto.

Aunque el plan lleva en marcha más de tres años, la polémica se ha avivado estas Navidades, cuando, según el delegado de SEO/BirdLife en la zona, Ramón Elosegui, Magna, anunciaba el pasado 24 de diciembre que en unos días comenzaría a entrar en el terreno y a talar el hayedo protegido de Zilbeti. Así ha sido. Entre el martes y miércoles se han talado ya más de medio centenar, dentro de un proceso que, según censuran, “está fuera del proyecto, no está aprobado por la declaración de impacto ambiental y la empresa lo sabe, por eso se ha decidido a hacerlo en días de vacaciones, cuando la contestación social puede ser menor”.

En este punto, la versión del Gobierno de Navarra es contraria y contundente: Estos trabajos de prospección en el terreno “no se salen de los márgenes del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal y la Declaración de Impacto Ambiental ya aprobadas”. Según argumentan desde el departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Ejecutivo, su realización ha sido comunicada por la empresa tanto al Gobierno como a las entidades locales afectadas y el hecho de realizarse en Navidad “simplemente responde a la necesidad de la empresa de realizar unas pruebas del material que deben estar concluidas a mediados de enero”.

Imagen del Hayedo de Zilbeti. Foto: http://seodonostia-gipuzkoa.blogspot.com/

La empresa Magna tiene actualmente una cantera en Esteribar, un valle que es colindante a la ZEC Monte Alduide, pero lleva tiempo anunciando que la veta actual se le agota y que para mantener los 180 puestos de trabajo de la planta de Zubiri necesita abrir otra cantera. Según justifican, el mineral está en el monte comunal Legua Acotada, que hace un año consiguió la declaración favorable del Gobierno navarro al informe de impacto ambiental. Éste recibió más de 1.000 alegaciones y por ello la Coordinadora Monte Alduide y SEO/Birdlife decidieron a llevar el tema a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. “Vamos a llegar hasta el final, esto no ha hecho más que comenzar, estamos recogiendo firmas de apoyo y próximamente vamos a registrar queja en Bruselas”, explica.

A juicio de Elosegui, “la única justificación aparente” del Gobierno es la mantener los puestos de trabajo. Se trata, añade, de una empresa minera y por tanto “finita”, que va a tener que cerrar “en el mismo momento en que se agote el mineral”. En su opinión, “hay que buscar el desarrollo económico a través de proyectos empresariales que no destruyan el territorio y que no sean pan para hoy y hambre para mañana”.

Apoyo de los vecinos

La clave para el desarrollo del proyecto de la cantera es la habilitación de un acceso a un túnel por el que se trasladará el mineral extraído para que no tenga que cruzar Zilbeti. Los municipios afectados debaten estos días la cesión de los 1.600 metros cuadrados de de los terrenos necesarios para esta apertura y la mayoría se muestran partidarios. Salvo Bildu, que ostenta la alcaldía de Baztan, el resto de fuerzas políticas ratifica la cesión.

A este respecto, el Ejecutivo señala que al plan inicial presentado por la empresa “se han añadido una serie de condiciones con el objetivo de reducir al máximo el impacto ambiental que pueda tener la mina como, por ejemplo, la recuperación progresiva del entorno en la medida que se vaya extrayendo el material y la mitigación de los efectos de su transporte, que se realizará a través de un túnel”. Así, defiende que la explotación de esta nueva veta “permitirá el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales, a lo que hay que sumar los efectos positivos que tendrá para la fijación de la población y el desarrollo rural de estos valles”.

En este mismo sentido se pronuncia también Enrique Garralda, alcalde de Erro: “Los que de verdad protegemos estos paisajes somos los que vivimos y trabajamos aquí y si no hay empleo el valle desaparecerá”. “Nosotros”, continúa, “apoyamos claramente el proyecto, que cuenta con todas las autorizaciones porque el daño al medio ambiente es menor y lo primero que hay que proteger es al humano”. “Claro que hay que cuidar el medio ambiente pero en este caso, el daño no es tanto como dicen y en los tiempos que corren hay que luchar por mantener los puestos de trabajo”. “Hoy en día ninguna empresa te asegura que va a dar trabajo en los próximos 40 años y ésta, lógicamente, tampoco”.

Fuente: http://sociedad.elpais.com

"PANACEX denuncia a la UE la falta de Evaluación Ambiental Estratégica en parques eólicos"

La asociación Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (PANACEX) ha denunciado ante la Unión Europea que el Gobierno regional no ha sometido a Evaluación Ambiental Estratégica la incidencia de los proyectos eólicos acogidos a los decretos autonómicos de 2005 y 2010, como establece la normativa comunitaria.

Este colectivo remitió una carta certificada a la Comisión Europea (CE) el pasado 5 de octubre para denunciar estos hechos.

La normativa comunitaria transgredida, según PANACEX, es la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente.

Esta directiva fue incorporada al derecho español a través de la Ley 9/2006 del 28 de abril 2006.

La asociación cita además en su carta un informe de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

Según PANACEX el Gobierno regional no ha sometido a Evaluación Ambiental Estratégica la incidencia de los proyectos eólicos

“La falta de Evaluación Ambiental Estratégica y de una adecuada evaluación de proyectos ha llevado a una implantación caótica de parques, con graves impactos ambientales. Para ilustrar lo que está pasando, se expone el desarrollo eólico en Extremadura”, dice el informe recogido por PANACEX.

A partir de ahí, asegura que, de los 116 proyectos propuestos en Extremadura, 16 tienen parte de su polígono de actuaciones dentro de alguna Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 11 dentro de algún Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Además, 82 se proyectan a menos de 10 kilómetros de espacios de la Red Natura 2000.

Algunos de los espacios afectados son tan importantes como la Sierra de San Pedro, con la población más densa de águila imperial ibérica del mundo, según la SEO/BirdLife.

Según el presidente de PANACEX, Ramón Rodríguez, estos proyectos de energía eólica pueden “hipotecar” gravemente el futuro turístico y cinegético de gran parte del territorio extremeño.

A su juicio, se destruirán y convertirán en zonas semiindustriales bellísimos paisajes y espacios naturales fuente de una industria mucho más “ecológica y rentable” que la energía eólica, que no se sostiene sin subvenciones y tarifas eléctricas cada día más caras

Fuente: EFE

Aprobada la DIA de un proyecto de captación de aguas subterráneas ya ejecutado y explotado afectando a Natura 2000

El Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado la declaración de impacto ambiental del proyecto Captación de aguas subterráneas para períodos de sequía de la cuenca alta del Segura, términos municipales de Hellín y Liétor, Albacete.

Según alegación presentada, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (DGA) reseña la existencia de 12 sondeos ejecutados, de los que 7 ya se encuentran en explotación, todo ello sin haberse publicado la oportuna DIA, contraviniendo por tanto la legislación sobre Evaluación de Impacto Ambiental, así como los requerimientos de la Junta de Comunidades para la paralización de las actuaciones que supusieran nuevas extracciones sin evaluar su efecto. En este sentido, se considera que las medidas preventivas y correctoras propuestas en el proceso de ejecución son extemporáneas y no se tiene constancia de que se estén cumpliendo. La DGEA señala que el estudio de alternativas es una mera descripción de pequeñas variaciones de una única, desvirtuando la esencia del EsIA de valorar un conjunto de alternativas lo suficientemente amplio como para permitir determinar razonablemente la opción de menor impacto ambiental. La DGEA y DGA valoran el impacto global como incompatible con la conservación de los recursos ambientales, debiendo desistirse de la ejecución de las actuaciones. En este sentido, se solicita la no ejecución de los sondeos pendientes de ejecutar y la paralización de las obras y la explotación de los sondeos de inmediato y de forma previa, para que pueda tramitarse un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental real y acorde con la situación en que se encuentran los acuíferos y el medio afectado.

La actuación cuenta con declaración de emergencia y de utilidad pública. Se recuerda, que según la TRCAP, las obras de emergencia no obligan a tramitar expediente administrativo, incluida la evaluación ambiental, pudiéndose ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido. El régimen excepcional permite la iniciación de las obras de forma inmediata sin necesidad de tramitar expedientes administrativos, pero no excluye de su realización, consecuentemente de su cumplimiento que se realizará lo antes posible, en tanto en cuanto, las circunstancias de caso lo permitan, y de forma paralela a la ejecución de las obras de emergencia. En este sentido, se citan los informes emitidos por la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad en su instrucciones de 23 de junio de 2005 (Anexo 1) y de la Abogacía del Estado de 9 julio de 2008 consideración segunda (Anexo 1). La actuación también está amparada por el Protocolo de Actuación para paliar los Efectos de la Sequía (aprobado por le Junta de Gobierno de 25 de octubre del 2005), el actual PES.

Los elementos ambientales más destacados del ámbito de estudio son el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES4210008 y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000388 Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo, espacios incluidos en la Red Natura 2000. Dentro del LIC y de la ZEPA se ubican únicamente los piezómetros Talave 1 y Talave 2. De la misma forma, en el entorno de Talave 1 y 2 hay que destacar la presencia de escarpes rocosos registrados como elementos geomorfológicos protegidos en Castilla-La Mancha. Por otra parte hay que señalar que la Junta de Castilla-La Mancha, en acuerdo de 19/05/2009 del Consejo de Gobierno, anula el acuerdo de 29/06/2004 por el que se declara el perímetro de protección preventiva del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra Baja de Segura en Albacete y los Pinares de Hellín al no reunir dicho espacio las condiciones para su declaración como Parque Natural o reservas naturales en conformidad con la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha.

En el EsIA se adjunta un estudio específico de afecciones sobre la Red Natura 2000 en el que se describen todos los Hábitats de Interés Comunitario presentes en la zona, realizándose una valoración del potencial impacto que producirían las actuaciones sobre los mismos.


DIA: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20518.pdf

El Tribunal de Justicia Europeo declara ilegal la M-501

15 de diciembre

Mediante sentencia hecha pública hoy, 15 de diciembre de 2011, el Tribunal de Justicia Europeo declara que el Reino de España ha incumplido la normativa europea, al haber procedido a desdoblar la carretera M-501. Ecologistas en Acción valora muy positivamente esta sentencia que supone un fuerte revés para los argumentos que venía utilizando la Comunidad de Madrid para no ejecutar la sentencia de los tribunales españoles.

La Sala Quinta del Tribunal de Justicia Europeo acaba de hacer pública la sentencia por la cual declara que el Reino de España ha incumplido la normativa europea en lo referente a la Directiva 85/337/CEE, sobre evaluación de impacto ambiental y a la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Esta sentencia es consecuencia del recurso interpuesto por la Comisión Europea en diciembre de 2008, provocado, a su vez, por las quejas interpuestas por Ecologistas en Acción y SEO/BirLife.

Hay que recordar que esta sentencia llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en febrero de 2008, declarase nulos los acuerdos por los cuales se aprobó el desdoblamiento y se declaró de interés público de primer orden e, instase a la restauración de los terrenos afectados. Posteriormente, en febrero de 2011, esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo.

A pesar de ello, la Comunidad de Madrid viene negándose obstinadamente a cumplir estas sentencias alegando, por una parte que las sentencias ya estaban cumplidas gracias a los acuerdos alcanzados con la Comisión Europea, en 2008, relativos a una supuesta evaluación ambiental a posteriori. Por otra parte sigue amparándose en el interés público del desdoblamiento basándose en la siniestralidad de la carretera.

Sin embargo, el Tribunal Europeo va desmontando todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la Comunidad de Madrid. Acredita la existencia de un grave daño a habitats y especies, fragmentación del territorio, considera que la evaluación ambiental a posteriorri no minimiza las afecciones ya que debería haberse realizado con anterioridad a la ejecución de las obras. En cuanto a la declaración de interés público de primer orden, afirma que tal declaración se hizo sin realizar la correspondiente evaluación ambiental y por tanto sin valorar la existencia de alternativas para resolver los problemas de siniestralidad.

Ecologistas en Acción valora muy positivamente esta sentencia y aunque llegue tarde aparece en un momento crucial, cuando se está resolviendo la ejecución forzosa de la sentencia inicial del TSJM. Se da la circunstancia de que la principal razón argumentada por la Comunidad de Madrid para no restituir los terrenos a su estado original es, precisamente, el acuerdo alcanzado ante la Comisión Europea. Este argumento se ha derrumbado como un castillo de naipes con esta sentencia.

Ecologistas en Acción considera que ante el abuso de autoridad manifestado por el Gobierno regional, el desprecio a la legalidad y al medio ambiente, el constante engaño a la sociedad y el intento de demonizar a todas las personas y asociaciones que se han manifestado contrarias a esta obra ilegal, deberían existir responsabilidades políticas y judiciales. La Presidenta, Esperanza Aguirre, Mª Dolores de Cospedal o Manuel Lamela (Consejeros de Transporte en 2005 y 2008), han sido los responsables directos de esta obra y quienes deberían costear con su patrimonio personal el gasto de la restauración de los terrenos.

Sentencia completa del Tribunal de Justicia Europeo

FUENTE: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN