FUENTE: ACTUALIDAD JURIDICA AMBIENTAL
Autora: Celia Gonzalo Miguel. Personal Investigador en Formación del CIEDA-CIEMAT
Temas clave: Evaluaciones ambientales, Evaluación ambiental estratégica; Evaluación de impacto ambiental, Red natura
Resumen:
El objeto del presente Decreto es por un
lado, regular el régimen especial de evaluación y aprobación,
autorización o conformidad de los planes, programas y proyectos que
puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000 y que vayan a
desarrollarse en el territorio de la Comunidad Valenciana; y por otro,
el establecimiento de un procedimiento coordinado y conjunto con el de
evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de evaluación
de impacto ambiental de proyectos, que simplifique los procedimientos
administrativos existentes desde la perspectiva de la reducción de las
cargas administrativas.
En cuanto a las Disposiciones Generales
del Capítulo I destacar que el Decreto será de aplicación a todos los
planes, programas y proyectos que pretendan realizarse en el territorio
de la Comunitat Valenciana, con inclusión de los espacios
marítimo-terrestres y de los espacios marinos en los que la Generalidad
establezca competencias siempre que cumplan los siguientes requisitos de
localización: que se localicen en el interior de los espacios Red
Natura 2000 o en sus zonas periféricas de protección; que se localicen
en las áreas de conectividad previstas en las normas de gestión de los
espacios Red Natura 2000; que se localicen en el dominio público
hidráulico o zonas de servidumbre de cuencas fluviales que atraviesen o
desemboquen en espacios Red Natura 2000; o que se localicen en los
ámbitos territoriales distintos de los anteriores expresamente indicados
en las normas de gestión (artículo 3).
En relación al ámbito material de
aplicación (artículo 4), quedarán sometidos a lo establecido en el
presente Decreto todos los planes y programas, incluidos los de reducido
ámbito territorial, así como sus modificaciones, menores o no, que se
elaboren o aprueben por una Administración Pública que dicha elaboración
o aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o
por acuerdo del Consejo de Ministros, del Consell o del pleno de una
corporación local.
El órgano competente para realizar la
evaluación Red Natura 2000 será el órgano gestor de ésta, entendiéndose
por tal, aquella dirección general que dentro de la consellería
competente en materia de medio ambiente tenga encomendadas las funciones
en esta materia, y sin perjuicio de las competencias evaluatorias
concurrentes que tenga el ministerio que ostente las competencias en
materia de medio ambiente. (artículo 5).
El Capítulo II regula ya el régimen
general de evaluación y aprobación, autorización o conformidad de
planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000,
dividiéndose en dos secciones. La primera, dedicada a la etapa de
evaluación propiamente dicha, y la segunda a la etapa de aprobación de
los planes y programas y de autorización o conformidad de los proyectos.
Destacar de esta última sección, que la expresión conformidad se emplea
en numerosas ocasiones en Derecho para dar cabida a las figuras que,
por aplicación de la legislación reguladora del libre acceso a las
actividades de servicios, están en la actualidad sustituyendo a las
autorizaciones y licencias; esto es, para dar cabida a las declaraciones
responsables y comunicaciones previas.
El Capítulo III regula el modo en que la
evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 se incardinará en
los otros procedimientos de evaluación vigentes, esto es, el de
Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas (Sección
primera), y en el de Evaluación de Impacto Ambiental o Estimación de
Impacto Ambiental de Proyectos (Sección segunda).
El Capítulo IV regulará el procedimiento
de evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 cuando los otros
procedimientos de evaluación no son aplicables, bien porque se trata de
planes o proyectos que están legalmente exceptuados de sustanciar los
trámites de EIA y EAE, o bien porque estén excepcionados de trámite por
decisión del órgano ambiental o por decisión del máximo órgano de
gobierno.
Y finalmente, el Capítulo V se dedica al
modo en que se constatará la realización de la evaluación de
repercusiones sobre la Red Natura 2000 en el caso de grandes proyectos
financiados por la Unión Europea.
De las Disposiciones Adicionales,
destacar que la primera se dedica a regular el supuesto especial de
actuaciones relacionadas con la protección civil en casos de emergencia,
la segunda a establecer previsiones sobre la evaluación de
repercusiones sobre la Red Natura 2000 cuando se vaya a emitir
autorizaciones ambientales integradas, y la tercera sobre el marco
procedimental en que se realizar la evaluación de repercusiones cuando
existan procedimientos sustantivos tanto principales como secundarios.
Las Disposiciones Transitorias
establecen, respectivamente, previsiones transitorias en relación a la
tramitación de los expedientes, así como previsiones para adecuar a las
exigencias de evaluación de la Red Natura 2000 aquellos planes,
programas y proyectos que pudieran encontrarse en situación irregular.
Entrada en vigor: 30 de abril de 2012.
Normas afectadas: Quedan derogadas cuántas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
Se declaran que siguen vigentes en sus
propios términos el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell, por
el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3
de marzo, de la Generalitat de Impacto Ambiental y la Orden de 3 de
enero de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda por la que se
estableció el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que
se hayan de tramitar ante esta consellería.
![[Img #6391]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vSlJec-N-byOjiZFh_kjVHJzp7gzKy-j1zqzSpbDnztMkzzde-38gql-FF_D55ie_2g4K80qJXEh-SJBrrHD9mhwtaLmxARj61p4N8LK2-s_OQjer7lnpZQTV-I37a=s0-d "El acceso pasaría por encima de las encañizadas")
Esa designación se funda en razones estrictamente ecológicas, y tiene un objetivo muy concreto: preservar a largo plazo la flora y la fauna seleccionada en las Directivas Aves y Hábitats (unas 1.500 especies, entre las más de 100.000 existentes en UE-27; y 200 hábitats naturales litorales y continentales), y en su caso aquellos elementos lineales y continuos del paisaje (como ríos, riberas, estanques o sotos) que los estados puedan considerar esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies (los denominados corredores ecológicos, previstos en el art. 10 DH).
