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"Condena por la construcción ilegal en un Paisaje Natural Protegido en Lanzarote"


26/12/2011

Islas Canarias

El Espacio Natural Protegido
de La Geria./@WWF

REDACCIÓN

redaccion@ambientum.com

La sentencia condena a los tres inculpados – promotor y constructores - como autores de un delito contra la ordenación del territorio en el Paisaje Protegido de La Geria, en Lanzarote.

Esta sentencia ejemplar impone penas de prisión por una construcción ilegal en un entorno natural donde está prohibida la edificación y el uso residencial.

Con esta sentencia dictada a finales del pasado mes se pone fin a la rehabilitación de una antigua y pequeña construcción ilegal en la localidad de Vegueta, entre los parajes de “Capellanía” y “Monete de Quíquere”, dentro del Paisaje Natural Protegido de La Geria. Esta obra era, en realidad, una nueva construcción donde se ampliaba la superficie de 60 a 170 m2 y que no contaba con la calificación territorial del Cabildo, ni con licencia municipal.

Además de la condena a penas de un año y seis meses de presión para los acusados, esta decisión judicial los inhabilita para ejercer el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la profesión durante el tiempo que dure la condena. También tendrán que pagar una multa de 6.570€ (2.190€ cada uno) y asumir las costas del proceso.

WWF ha participado de forma activa en este proceso desde 1999, cuando denunció ante el Juzgado de Instrucción nº3 de Arrecife de Lanzarote esta construcción ilegal. La organización alegaba presuntos delitos contra la ordenación del territorio y protección del medio ambiente, construcción no autorizada en suelos de especial protección y afección a un espacio natural protegido.

El 2 de mayo de 2011, WWF España consiguió otra sentencia condenatoria por una conducta semejante. Se trataba de una construcción ilegal en “Los Combrillos”, también dentro del Espacio Natural Protegido de La Geria. En este caso, se detectaron los delitos contra la ordenación del territorio y protección del medio ambiente, así como de prevaricación contra las autoridades y funcionarios por su injusto informe favorable a dicho proceso de edificación.

Fuente: Redacción ambientum.com

CARTAGENA: COAG pide más facilidades para la ganadería en viejas zonas mineras


La linde de Cartagena y La Unión está afectada por una restricción agrícola y ganadera que debe levantarse, según la organización

12.10.11 - 01:42 -

COAG-Iniciativa Rural echa de menos que el apoyo que el Ayuntamiento ha defendido que presta al sector agrícola se plasme en hechos tangibles. Por eso solicitó ayer públicamente que se revisen las restricciones que ciertas figuras urbanísticas y ambientales imponen al desarrollo de la actividad agroganadera. En concreto, su presidente comarcal, Vicente Carrión, pidió que se levanten las limitaciones que rigen en el lindero de Cartagena con La Unión, por la 'afección de la minería' y que se extiende a lo largo de varios kilómetros.

«Es injusto y no está justificado que los propietarios se vean afectados por algo que no han generado», indicó Carrión. La franja de afección abarca desde la zona cercana a El Algar hasta el área de Roche y pone en cuestión que negocios como el de Martín Laencina, en Alumbres, logren sobrevivir.

«Llevo meses intentando que Urbanismo me explique por qué no puedo obtener una licencia para mi granja avícola, mientras que la de ovino, que está en el mismo sitio, sí que la tiene», indicó.

Este ganadero heredó este negocio de su familia y pretendía explotarlo hasta que pueda legarlo a sus descendientes. «Ahora no sé que pasara», indicó. Reconoce que no tenía licencia de actividad cuanto fue objeto de una inspección, este año. «Tampoco a tenía mi padre y nadie nos la había reclamado nunca», indicó. Por esa infracción fue multado con 10.000 euros, que está viendo la manera de pagar. Pero al mismo tiempo quiere legalizar su explotación y mantener el negocio.

Competencia regional

El concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, advirtió que sus competencias respecto a los suelos afectados por la minería «son nulas, puesto que se trata de elementos normativos incluidos en las directrices de ordenación promulgadas por la administración regional. Nosotros nos limitamos a reproducirlas en el planeamiento urbanístico y a prohibir los usos que son incompatibles con ellas».

Y así ha ocurrido, según admitió Segado, con la afección minera en la zona en la que Martín Laencina tiene su negocio. Al margen de eso, «este ciudadano lo que tiene que hacer es pagar la multa», indicó el concejal.

Existe un precedente en los alrededores de Sabic. Carrión recordó que los agricultores de la zona en torno a la factoría de plásticos tuvieron que asumir hace años una restricción a la hora de edificar cualquier construcción, como parte del plan de emergencias en torno al complejo.
«En su momento se definió un perímetro alrededor de la factoría que abarcaba medio kilómetro en el que no se podía construir nada, ni un cuarto de aperos, ni un pajar, ni un gallinero, aunque sí se permitía el cultivo», indicó Carrión.

Las fuentes consultadas en el Ayuntamiento indicaron que la calificación urbanística no ha variado en los últimos años.

Pero lo cierto es que los propietarios de terrenos de los alrededores como Antonio Barbero se hicieron hace tiempo a la idea de que no podían hacer obra alguna en la zona, en la que se plantan todo tipo de hortalizas. «Cultivo alcachofas en una explotación que está cerca de la planta. En su momento no me dejaron edificar. Perdí todo el interés en ampliar mi negocio y ahora ya ni me lo planteo. Como a mi, esta norma afectó a mucha gente», aseveró.

«Encima en ese área se ha desatado una plaga de conejos, que saltan a un lado y otro del vallado y que se comen las cosechas», indicó Carrión.

La zona oeste

En cuanto a las zonas Zepa y LIC, el representante agrícola indicó que el mayor problema se da en la zona oeste. «En los alrededores de Tallante, Cuesta Blanca o la Torre de Nicolás Pérez siempre ha habido explotaciones tradicionales en sectores como la apicultura desde hace décadas, si no siglos. Desde que es protegida, cualquier construcción que se levante está sometida a multa. «Hace poco, a un apicultor le sancionaron por la presencia en sus tierras de la edificación», explicó el portavoz comarcal de COAG.

En este caso, será el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que lleva años en elaboración y que no acaba de ver la luz, el que delimite qué se puede hacer en esta zona protegida y dónde.

Para Carrión, que Joaquín Segado diga que no puede intervenir en los usos del suelo que restringe la normativa regional no vale. «Llevamos años oyéndole a la alcaldesa, Pilar Barreiro, y a sus concejales, que en este momento de crisis, el sector primario se está comportando muy bien y aguantando sin crear paro. Pues bien, si quieren que eso siga siendo así, tienen que apoyarnos con medidas que favorezcan a las explotaciones tradicionales o influir en la Administración regional para que lo haga», indicó.




Los alcaldes del Mar Menor piden una autoridad única que determine su protección y usos

Reclaman una fórmula similar a la que ya se aplica en otras regiones europeas con grandes lagos


27 / 09 / 2011 | Redacción

Los alcaldes de Cartagena, San Pedro, Los Alcázares y San Javier, han iniciado una ronda de contactos con las administraciones competentes con el objetivo de romper la estacionalidad y convertir la laguna en un referente turístico en la práctica de la vela y desde el punto de vista medioambiental y turístico. Estos alcaldes tratan de eliminar la actual dispersión de competencias existentes sobre la laguna. Según ha explicado la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, el objetivo es el de establecer una única autoridad que determine los usos del Mar Menor, facilitando así su protección paisajística y medioambiental y su conversión en un referente del turismo de calidad.

Barreiro ha señalado que estos contactos se iniciaron hace unos días en una reunión con el consejero de Turismo, a la que siguió otra ayer con el consejero de Presidencia y de Medio Ambiente; y otras en próximas fechas, con otros consejeros y autoridades con competencia en diversas materias sobre el Mar Menor.

La idea, ha precisado la alcaldesa de Cartagena, es la de poner en marcha un modelo que ya funciona con éxito en lagos de países europeos. Para ello se quiere elaborar un texto con rango de ley que fije una única autoridad sobre el Mar Menor, encargada de definir sus usos.

La actual dispersión de autoridades, a juicio de los alcaldes, impide que pueda configurarse un uso adecuado de los recursos turísticos, que convierta a la laguna en un referente turístico de primera calidad, en la práctica de la vela y desde el punto de vista medioambiental y paisajístico.

La iniciativa ha comentado Barreiro servirá para romper la actual estacionalidad, ya que el turista que viaja fuera de temporada es exigente y requiere unos servicios de calidad y la práctica de uso deportes que el Mar Menor le puede ofrecer.

FUENTE: murciaeconomia.com

Agenda Territorial Europea 2020

El MARM participa en la preparación del texto definitivo de la nueva Agenda Territorial Europea 2020 que impulsa procesos de cohesión territorial.

La ATE 2020 se ocupa también con nitidez de las cuestiones ecológicas que subyacen a los procesos de cohesión. La conservación de la biodiversidad, el buen estado funcional de las estructuras ecológicas y del patrimonio natural, y la atención a las amenazas de fragmentación de hábitats y de interrupción de corredores ecológicos, son elementos de integración territorial considerados por la ATE 2020.

El contenido técnico del documento, que ha quedado cerrado, será sometido a la aprobación de los Ministros competentes en materia de cohesión territorial en la reunión del próximo día 19 de Mayo en Gödöllö (Hungría).

La Agenda Territorial Europea 2020 (ATE 2020) es el principal instrumento orientador de la política territorial de la Unión Europea y constituye la expresión concreta de un amplio acuerdo intergubernamental europeo, con el respaldo del Comité de las Regiones.

El Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús Casas, ha participado hoy en la reunión celebrada en Budapest (Hungría), en el marco de la Presidencia Húngara del Consejo de la Unión Europea, que tenía como objetivos la revisión de los asuntos vigentes en materia de cohesión territorial, y, en particular, la definición final del texto de la nueva Agenda Territorial Europea 2020, que será sometido a aprobación el próximo 19 de Mayo en Gödöllö (Hungría).

La Agenda Territorial Europea 2020 (ATE 2020) es el principal instrumento orientador de la política territorial de la Unión Europea. Constituye la expresión concreta de un amplio acuerdo intergubernamental europeo en materia de cohesión territorial, con el respaldo del Comité de las Regiones.

Los principios y objetivos de la ATE 2020 se presentan con vocación de inspirar la Política de Cohesión de la Unión Europea, contribuyendo a añadir la dimensión territorial a las ya vigentes dimensiones social y económica, buscando, al mismo tiempo, la coordinación eficaz entre las componentes territoriales de las distintas políticas sectoriales.

Una innovación destacada para el cumplimiento de estos objetivos es el denominado “place-based approach”, el enfoque basado en las características propias de cada lugar, como potencial de desarrollo endógeno, a partir del cual se puedan impulsar procesos de cohesión territorial en las tres escalas: local, regional y nacional; y al mismo tiempo hacer frente a los impactos, geográficamente diversos, del cambio global.

La ATE 2020 implicará a las autoridades de cada nivel territorial en la definición de conceptos, metas e instrumentos a la medida de cada lugar, para mejorar su desarrollo territorial partiendo del principio de subsidiariedad.

En este sentido se trata de dotar de un enfoque estratégico a la cohesión territorial, en coherencia con lo cual, la ATE 2020 se ocupa también con nitidez de las cuestiones ecológicas que subyacen a los procesos de cohesión. La conservación de la biodiversidad, el buen estado funcional de las estructuras ecológicas y del patrimonio natural, y la atención a las amenazas de fragmentación de hábitats y de interrupción de corredores ecológicos, son elementos de integración territorial considerados por la ATE 2020.

A lo largo de los últimos 18 meses, los gobiernos de los Estados Miembros de la UE, y de algunos países observadores como Suiza y Noruega, han procedido a revisar la vigente Agenda Territorial Europea, y sus procesos afines, como el informe de Estado y Perspectivas Territoriales de la UE, el programa ESPON, y el proyecto EATIA de evaluación de impactos territoriales; y a elaborar sucesivos borradores de la nueva ATE 2020, mediante grupos de trabajo específicos.

La posición española durante todo el proceso de elaboración de la nueva ATE 2020 ha sido la de apoyar el proceso y sus implicaciones, en tanto que supone la consolidación a nivel comunitario de criterios de gestión territorial que ya son objeto de aplicación en nuestro país, en particular en el marco de la aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

El primer antecedente se remonta a la Estrategia Territorial Europea surgida en la década de 1990, y la ATE 2020 sustituye y actualiza, a la luz del Tratado de Lisboa sobre el funcionamiento de la Unión Europea, y del Libro Verde sobre Cohesión Territorial, a la Agenda Territorial lanzada en 2007.




FUENTE: MARM.ES

Iniciación del procedimiento de elaboración de la estrategia del paisaje de la Región de Murcia

Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de 7 de febrero de 2011, relativa a la iniciación del procedimiento de elaboración de la estrategia del paisaje de la Región de Murcia (BORM nº 49 de 01/03/11).

Para recabar más información, pinche aquí.

FUENTE: CROEM

Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español

Ministerio de Vivienda
Madrid (España), junio de 2010.

Presentación

El Ministerio de Vivienda tiene el honor de presentarles el Libro Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español. Una publicación coordinada por la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas y que ha elaborado la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Madrid, a través de su Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio.

Como todo Libro Blanco, su finalidad estriba en servir de informe y guía, aportando un conjunto argumentado de propuestas de actuación, en este caso, con el fin de alcanzar una mayor sostenibilidad en el ámbito de la planificación urbanística.

El documento pone de relieve la vinculación que deben guardar el planeamiento urbanístico y el principio de sostenibilidad. Los planes urbanísticos —origen y fuente del crecimiento y ordenación de nuestras ciudades— deben permitirnos alcanzar ámbitos urbanos respetuosos con los entornos naturales, modelos de crecimiento que busquen la excelencia en la reducción del consumo energético y ciudades que promuevan la cohesión social, la igualdad, la innovación y una mejor calidad de vida.

Ello requiere, como declaró la Carta de Leipzig, suscrita por los ministros responsables del planeamiento urbano y territorial de la Unión Europea en mayo de 2007, la aplicación de un «control férreo del suministro de suelo y del desarrollo especulativo» en la cobertura de las necesidades de crecimiento de las ciudades, conteniendo la extensión descontrolada de las zonas urbanas.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda, desde su creación, ha dado buena muestra de su compromiso con el objetivo de proteger los recursos limitados que la naturaleza pone a nuestra disposición, como son el agua y el suelo, y con la mejora de nuestras ciudades, mediante la innovación técnica en la edificación, la eficiencia energética y el planeamiento ordenado de los procesos de urbanización.

Si bien nuestra Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y urbanismo, ello no excluye al Estado del objetivo de la sostenibilidad global, es decir, de aquellos aspectos que trascienden los ámbitos locales y autonómicos y que afectan a la gestión del suelo, a la economía, a la protección del medio ambiente y a la cohesión social. Desde la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, pasando por el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, hasta la agenda de actividades programadas en el marco de la Presidencia española de la UE durante el primer semestre de 2010 —culminada con la reunión informal de Ministros europeos de desarrollo urbano, el 22 de junio en Toledo— hemos trabajado intensamente y hemos manifestado públicamente nuestro compromiso y voluntad políticas a favor de un urbanismo más sostenible.

El planeamiento urbanístico cuenta en España con una larga y fructífera tradición, que sin duda hay que reivindicar ahora que acaban de cumplirse los 150 años desde la aprobación del Plan Cerdà de ensanche de Barcelona. Pero también es cierto que la década del boom inmobiliario nos ha mostrado de forma descarnada que los planes no siempre han cumplido su función de ordenación urbana. Ordenar es poner orden, concierto y buena disposición y todos hemos asistido en las últimas décadas a casos bastantes llamativos de urbanismo desordenado.

Esta constatación no debe llevarnos a la melancolía, sino todo lo contrario. La Ley de Suelo de 2007 proclama a la ordenación territorial y urbanística como funciones públicas no susceptibles de transacción, que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, según el principio de desarrollo sostenible. Para ello, es necesario generar una nueva cultura en torno a estos principios. Por eso, con el Libro Blanco, queremos dar continuidad al impulso de un desarrollo territorial y urbano más sostenible, aportando una herramienta de conocimiento al servicio de la gestión.

En suma, este Libro Blanco es un documento relevante para el planeamiento urbanístico, tanto desde el punto de vista analítico y del conocimiento, como del propositivo. En este sentido, me gustaría resaltar el Decálogo a favor de un urbanismo más sostenible, un apartado que reúne propuestas de actuación que engloban múltiples aspectos. Entre ellos: mejorar la legislación urbanística y medio-ambiental y las relaciones entre la planificación territorial y el planeamiento urbanístico, repensar la escala temporal y espacial de los planes con una visión más amplia y ambiciosa y, por último, reforzar la necesaria información y participación ciudadanas.

Asimismo, el Libro Blanco tiene un gran valor recopilatorio, ya que reúne y analiza toda la normativa estatal y autonómica con relevancia en el planeamiento urbanístico. Aglutina así, por primera vez, toda la información existente en esta materia y la agrupa por Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta un amplio número de criterios e indicadores de sostenibilidad. Entre ellos, los que afectan al suelo urbano y al entorno de las ciudades, y los que se refieren a actuaciones en temas de transporte, recursos naturales, residuos y gobernanza, por poner algunos ejemplos. En este sentido, será útil para planificadores y gestores institucionales, pero también para estudiosos y ciudadanos en general.

Esperamos, por tanto, que este Libro Blanco contribuya, con sus propuestas de actuación en el ámbito de la planificación urbanística, y en la búsqueda de esquemas sostenibles, a la reflexión que nos ayude a adoptar estrategias y actuaciones que comprendan la sostenibilidad en su escala adecuada, que no puede ser otra que la global y económica, medioambiental y socialmente integrada.

Fuente: http://habitat.aq.upm.es/lbl/


Conclusiones Jornadas Urbanismo - Medio Ambiente - La Red Natura 2000, "En la Diana"

Según la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, se pueden desarrollar actuaciones inmobiliarias turísticas en LIC y ZEPA en casos muy excepcionales y dependiendo de cómo se defina el tipo de actuación (siempre que aporten un gran valor añadido que justifique la intervención y no sean agresivos contra el hábitats y el patrimonio ambiental de la zona).
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REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE LA PRIMERA JORNADA EN LA DIANA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

El motivo de organizar este foro de debate, y hacerlo bajo la denominación En la Diana, fue la de ser sinceros en abordar de frente los problemas más relevantes que afectan al sector como modelo, de tal forma que sirviera para hacer cambios reales que se tradujesen en avances de mejora en nuestro modelo urbanístico de cara ai futuro.
En la Diana se encuentra, como foro, dividido en dos jornadas. En este documento recogemos de la primera jornada, celebrada el martes 30 de noviembre de 2010, los siguientes elementos destacados:
A. Educación medioambiental
El sector tiene que educarse en medioambiente; lo que no se conoce no se puede comprender. Tenemos que hacer este proceso desde la convicción, no por arrastre de terceros o por mera imposición legal. Debemos estar convencidos de buscar modelos más respetuosos con el medio ambiente, porque es positivo para todos incluidos nosotros como ciudadanos; también desde el punto de vista de nuestro modelo de negocio. El respeto al medio ambiente, y todo lo que ello conlleva, tiene un valor económico capital.
Apirm ha firmado un convenio con una consultora medioambietal para elaborar un programa a desarrollar durante el 2011. El objetivo es la formación, concienciación y elaboración de documentos guías de nuestro sector, sobre todo orientado en aquellos aspectos del desarrollo urbanístico, que puedan tener más puntos de colisión con la protección del medioambiente.
B. Modelo de ciudad
Compacta, y que consuma el menor suelo, construcción en altura, que facilite la movilidad, pero equilibrada en todas las áreas, que evite grandes desplazamientos. Una ciudad que favorezca el uso de transporte público y medios de desplazamiento poco contaminantes. En las economías avanzadas se consume combustible en atascos por un importe equiparable al 2% del PIB.
Ciudades sin barreras arquitectónicas para discapacitados, con recuperación de zonas verdes y espacios que favorezcan la habitabilidad, y las relaciones complejas que se dan en una ciudad.
Que el criterio principa! de definición sea el de ciudad compacta, no implica que se descarten ámbitos de desarrollo de construcción en horizontal. Los ciudadanos tienen que tener derecho a poder elegir en la diversidad sus opciones de forma de vida en libertad. No se pueden confundir las preferencias subjetivas de los técnicos, con las opciones de decisión libre de los ciudadanos.
Hay que recuperar los centros de las ciudades para que prospere este modelo que combina ambos factores.
C. Ámbitos de actuación aislados
Se deben evitar los modelos basados en ámbitos de actuación aislados, salvo en aquellos casos que esté justificado por aportar una valor añadido diferenciado. -Nos remitimos al apartado e) de este documento-.
Se deben evitar clasificaciones de suelo desproporcionadas.
D. Planes Generales de Ordenación Urbana
Son y deben ser los principales instrumentos de ordenación urbanística de la ciudad, por eso deben reunir los siguientes requisitos:
1. -No contener determinaciones genéricas: Deben contener, de forma clara, todas las determinaciones restrictivas y condicionantes sobre cualquier zona del territorio, sobre todo en las áreas con posibilidad de desarrollo urbanístico.
No es admisible que se contengan determinaciones genéricas gráficamente reflejadas, y que remita a que los planes de desarrollo se sometan a informes medioambientales, en los que se imponen condiciones muchos más restrictivas que las que establece el propio plan.
2. -Tienen que huir de toda ambigüedad, imprecisión o carencia de datos: El aumento de los niveles de incertidumbre, lo que hace inviable es la toma de decisiones sobre el desarrollo urbanístico responsable. Los criterios restrictivos que prevalezcan, se han de incorporar claramente al Plan General, pero que no aparezcan a posteriori contradiciéndolo, y menos si son restricciones muy superiores a los del propio plan, que vienen impuestas por organismos sectoriales basándose en datos imprecisos y fotografías antiguas.
3. -Tramitación ágil v rápida de los PGOU: Que no supere nunca los tres años como máximo desde su inicio hasta su entrada en vigor. Para ello deben estar definidos en concordancia con los criterios de todos los organismos. Su desarrollo se tiene que simplificar al máximo, hay que evitar la reiteración de trámites y duplicidades.
E. Los convenios urbanísticos de recalificación de suelo
Tienen que ser un instrumento de ordenación urbana de uso restringido, y no de carácter general como lo han empleado algunos ayuntamientos. Se convirtieron en una de las principales fuentes de financiación local; se tiene que cambiar. Su uso desproporcionado se percibe como el principal factor de desmembramiento y desequilibrio territorial.
Según la memoria de 2006 del CES, la estimación de viviendas y residentes en resort o urbanizaciones autónomas, procedentes de 80 convenios urbanísticos, firmados en todos los municipios de la Región, ascendían a las siguientes cantidades: 1 .-Número de viviendas estimadas: 308.959 unidades.
2. -Residentes estimados: 938.877 individuos (3 hab/vivienda).
3. -Campos de golf: 61 unidades.
Estas previsiones ponen en cuestión el exceso cometido por los Ayuntamientos debido a! uso desproporcionado de este instrumento legítimo de ordenación urbana. Se tendrían que desarrollar en los próximos 30 años, horizonte temporal que se baraja, lo que implicaría crecimientos anuales del número de residentes superior a los 300.000 ciudadanos. Además, este modelo se basa en gran parte de 2a residencia vacacional, no de primera residencia, pareciendo dudoso que incluso en un escenario de crecimiento económico se puedan alcanzar estas previsiones.
El problema para el sistema deriva, principalmente, en si todos estos proyectos han sido configurados para ser desarrollados en los próximos 10 años; los Ayuntamientos tendrán una posición cautiva por las contraprestaciones recogidas, y habrá inversiones financieras de difícil rentabilización a corto plazo, que pueden comprometer la viabilidad económica de sus impulsores y de las entidades que lo respaldan.
Entre 1997 y 2007 la población residente en la Región de Murcia se incrementó un 20%, superando la cifra de los 220.000 nuevos habitantes. Estamos ante un fenómeno singular, no conocido antes, apoyado por un ciclo económico expansivo sin precedentes en nuestra Región. Difícilmente repetible a corto plazo.
F.Planes de ordenación Territorial Supramunicipales
Tienen que existir unos criterios regionales claros de desarrollo urbanístico, o al menos comarcales; claros, conocidos, debatidos y asumidos socialmente con estabilidad en el tiempo, y sin ambigüedades en el territorio.
G. Limitar los crecimientos de las ciudades mediante recalificaciones desmesuradas de suelo
Se propuso establecer límites al crecimiento del suelo urbanizable hasta que no se haya agotado un porcentaje elevado del suelo ordenado en el Plan General que esté en vigor. La Ley del Suelo 8/2009 limita el crecimiento al 20%, la de Andalucía no admite incrementos supriores el 40%, restringiéndolo para los próximos 8 años al 30%.
Puede suponer una fórmula que sería viable sólo sí los Planes Generales se tramitasen y aprobasen con agilidad. De lo contrario, tal como sucede en estos momentos, si los plazos se dilatan hasta 10 ó 12 años, cualquier previsión que contenga el Plan habrá sido desbordada antes de entrar en vigor.
H. Eliminar la inseguridad jurídica de las leyes medioambientales y urbanísticas
Tiene que haber una legislación razonablemente clara, que no tenga gran dificultad de interpretación, sobre todo medioambientamente, y no se deje su cumplimiento a merced del criterio personalista del informante de turno.
Hay que suprimir toda incertidumbre. La incertidumbre es el mayor enemigo de la actividad empresarial.
No es admisible que, después de años de tramitación de un expediente, e incluso con aprobación definitiva, surja un informe, solicitado hace muchos meses o años, y ponga en cuestión o incluso llegue a imposibilitar una actuación que ya cuenta con las aprobaciones necesarias.
Se debe evitar la dilatación de los expedientes urbanísticos. No basta con las promesas de celeridad de los responsables políticos, tienen que adoptarse medidas reales de efectividad administrativa. Los informes deben ser únicos, y no en sucesivas entregas.
I. Incrementar la coordinación entre los órganos competentes que intervienen en un mismo expediente
Necesidad de que cada organismo que intervenga en los expedientes urbanísticos en función de sus competencias, dé a conocer sus criterios de forma explícita y pública, y consten en los documentos de planificación básicos, directrices y planes generales.
Estos criterios no pueden estar la eventualidad del momento político o del técnico informante.
Se debe evitar a toda costa que los criterios sobre protección o actuación de un territorio sean distintos en un organismo u otro, o que sean cambiantes. No se pueden emplear parámetros de análisis distintos por parte de las distintas áreas, incluso a veces de la misma Administración.
J. Modelo económico de desarrollo sostenible de referencia
Se concluyó que no hay un modelo de económico de desarrollo sostenible de referencia en el que fijarnos, por lo que tendremos que ir construyéndolo poco a poco con determinación y perseverancia con la participación de toda sociedad y las fuerzas políticas.
La asociación Anse propone modelos de desarrollo que no primen el crecimiento económico, porque conlleva el consumo y agotamiento de los recursos naturales que son limitados. Solicita más peso en el desarrollo de la agricultura, sobre todo la ecológica.
K. Campos de golf
En la Región de Murcia hay 21 campos de golf en funcionamiento, con una superficie agregada de aproximadamente 1.200 Ha, de las cuales aproximadamente 700 Ha son de regadío, el resto no. El consumo total de agua ronda el 0,5% de la cuenca, las pérdidas de agua derivadas del transporte en la red de suministro se calcula que está entre el 30% y 40% del volumen de la cuenca.
No son percibidos como actuaciones medioambientales agresivas, Anse no se opone a su construcción, salvo que ello lleve aparejado la construcción de más viviendas.
Se va a elaborar, a lo largo de 2011, una Guía de Buenas Prácticas Medioambietales para Campos de Golf, que contemplará entre otras las siguientes medidas:
-Exigirla reutilización del agua.
-Plantaciones de especies de flora autóctona.
-Mejora paisajística, ubicar los campos en zonas de valor añadido paisajística.
-Mejorar la eficiencia de usos asociados; energéticos, hídricos, implantación de sistema
gestión ambiental, protección de zonas cercanas de alto valor ecológico.
L. Espacios protegidos Medioambientales: Sobre todo ZEPA Y LICS
Espacios de alta protección ambiental, en los que, salvo en casos muy excepcionales y dependiendo de cómo se defina el tipo de actuación (siempre que aporten un gran valor añadido que justifique la intervención y no sean agresivos contra el hábitats y el patrimonio ambiental de la zona), no se pueden desarrollar actuaciones inmobiliarias turísticas en los mismos. Si son proyectos que se pueden desarrollar en otros espacios no protegidos, se han de descartar. Anse descarta cualquier tipo de actuación de estos ámbitos, también en el litoral.
La Región de Murcia tiene una superficie de 11.314 km2. Sus zonas protegidas se distribuyen de la forma siguiente:
1. - Protección de Zepa y Lics; 2.670 Km2, que representa el 23,6% del total del territorio.
2. -Otras protecciones ambientales; 3.800 Km2, que representa el 33,6% Total superficie con protección ambiental son 6.470 km2, 57,2% del total
3. -Otras protecciones: las que contempla las Directrices de ordenación territorial, afectan a 1.640 Km2, 14%.
La suma de las distintas protecciones afecta de una u otra forma al 71,68% de la superficie tota! del territorio de la Región.
La superficie de suelo urbano en la Región de Murcia abarca a 226 km2, aproximadamente el 2% de su superficie, prácticamente igual que la media nacional.
Hay que favorecer ía protección del litoral, evitar desmontes en zona litoral, y crear muros o pirámides de hormigón en primera zona litoral.
M. La necesaria implicación de toda la sociedad
Se reconoce desde APIRM la labor de concienciación importante que desarrollan asociaciones como ANSE, aunque no se comparta al 100% todos sus planteamientos.

En Murcia, a 30 de noviembre de 2010.

Fuente: APIRM

Jornadas de Promotores Inmobiliarios - Urbanismo - La Red Natura 2000, "En la Diana"

Región 02/12/2010

Apirm prepara un documento con las conclusiones de EN LA DIANA para enviarlo a los partidos políticos regionales

Enviar Imprimir Comentar Fuente: Agencias

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia clausura EN LA DIANA con la jornada 'El futuro del urbanismo en la Región de Murcia'. Uno de los ejes principales del debate han sido los Planes Generales de Ordenación del Territorio y su funcionalidad, ya que alguno de los ponentes, y también del público participante en el foro, ha hablado de plazos de 10 años para obtener los informes sectoriales necesarios para recibir la aprobación. 'Las leyes no son prácticas y no nos dicen lo que tenemos que hacer, con el agravante de que si en 4 meses no se contesta se da por denegado', dijo Marisa Gil, arquitecto que asistió como público. 'Ya va siendo hora de que la Administración legisle para el ciudadano y no para la Administración', añadió Antonio García, Decano de COAMU. En relación al elevado número de informes requeridos en los procesos de gestión urbanística, y en particular de los informes medioambientales, Joaquín Segado, Concejal de Urbanismo de Cartagena, declaró que 'cada vez se tiende más a mancomunar decisiones cuando eso va en contra del sentido común. La persona encargada debe firmar y asumir la responsabilidad sin que la decisión deba ser tomada entre veinte'.

El respeto al Medio Ambiente también estuvo presente en el debate. 'Los espacios naturales son de interés general, por lo tanto lo que se haga con ellos no es responsabilidad únicamente de sus propietarios. Debe haber medidas compensatorias para el particular, pero sí creemos que la Administración debe tener un papel', declaró Teresa Rosique. Tras recibir varias preguntas al respecto, añadió que 'si se considera como aprovechamiento del espacio una acción urbanística, por qué no plantearla. Pero debe estudiarse por parte de la Administración'.

Todos los ponentes mostraron unión de criterio al hablar de los convenios, afirmando estar 'en desacuerdo con los convenios urbanísticos como forma de financiación, no como herramienta puntual, que es para lo que sirven'.

El público también trasladó a los ponentes inquietudes como la politización excesiva del urbanismo, las modificaciones y cancelaciones de Planes Generales por cambios políticos, no por criterios objetivos, la actitud negativa de los discursos sociales en los que nunca se dice lo bueno que se ha hecho y siempre lo malo, así como la importancia participación ciudadana. Como se señaló desde el público, 'no se puede hablar de participación ciudadana si no hay educación ciudadana en la materia'.

'Todo lo hablado EN LA DIANA se verá reflejado en un documento oficial que sirva para que los políticos conozcan las reflexiones de la sociedad, sus propuestas y las tengan en cuenta en sus programas electorales', explica Juan Hernández. Añade que 'los asistentes han pedido públicamente que en un plazo de semanas Apirm repita la jornada con los mismos ponentes para continuar con el debate. Vamos a hacer todo lo posible', añade.

El debate ha contado con la presencia de Antonio Navarro, Director General de Territorio y Vivienda, Joaquín Segado, Concejal de Urbanismo y Desarrollo Sostenible del Ayto. de Cartagena (PP), Teresa Rosique, Diputada regional del PSRM-PSOE, Antonio García, Decano del Colegio de Arquitectos y Juan Hernández, Presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios.

Fuente: Murcia.com

Premio Internacional de Humedales para el mar Menor (Modalidad "Globos Grises")

Fuente: FUNDACION BIODIVERSIDAD

La Red Mundial de Humedales (World Wetland Network - WWN) y la Fundación Biodiversidad han celebrado la entrega del Premio Internacional de Humedales en el marco de los eventos paralelos de la 10ª reunión de la COP del Convenio de Diversidad Biológica realizada en Nayoga, Japón.

Algunos de los espacios que se han destacado son: Laguna La Cocha, en Colombia; el Lago Natron, en Tanzania; Nakarsu llanuras mareales, en Japón, y la zona baja del Río Jordan, en Jordania, entre los diez humedales que han resultado ganadores. La nota triste de los Premios la ha aportado el Mar Menor, que ha sido destacado como ejemplo de una mala gestión que ha conducido a la degradación de sus valores naturales.

El galardón forma parte de un proyecto que tiene como objetivo reconocer experiencias de buena gestión de humedales para avanzar hacia unos estándares de evaluación del progreso en la restauración de humedales. La iniciativa permite además dar una voz de alarma en los casos en que los esfuerzos de protección resultan claramente insuficientes, a fin de revertir situaciones adversas de humedales en peligro y asegurar su sostenibilidad ecológica y social.

La información completa sobre los premios entregados puede localizarse en la página web www.wwt.org.uk.

Descarga Nota Prensa Entrega Premios

Los Globos grises, en contra parte demostraron que la carencia de protección a nivel nacional, el enriquecimiento económico a corto plazo y la contaminación han degradado seriamente a muchos humedales. Si no ejecutamos acciones rápidamente la pérdida de biodiversidad y hábitat será irreversible, los intereses del sector privado deberían de ir de la mano de la naturaleza y no en contra de esta. El ecoturismo en Ecuador ha proveído extensos beneficios para los humedales, mientras que el turismo de masas de Mar Menor en España ha tenido el efecto contrario, destruyendo los humedales costeros.

Los Globos Grises fueron ganados por el Mar Menor de España, por la amenaza del turismo creciente, los humedales costeros de Louisiana por el reciente daño causado por el derrame de petróleo, y la cuenca baja del rio Jordán, por extracción excesiva de sus aguas.



Orden de incorporación al sistema territorial de referencia de los "valores guía" de los indicadores de funciones urbanas

Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de 20 de septiembre de 2010, de incorporación al sistema territorial de referencia de los valores guía de los indicadores de funciones urbanas señalados en el Anexo 1 de la presente Orden (BORM nº 235, de 09/10/10)


Los principios reflejados en la Estrategia Territorial Europea, fueron traspuestos al ordenamiento jurídico regional en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, en el que se señala que la actividad administrativa en materia de ordenación del territorio se orienta, entre otras, a la consecución de las siguientes finalidades:

- Promover el desarrollo equilibrado y armónico de la Región para la consecución de unos niveles adecuados en la calidad de vida de sus habitantes.

- Lograr la utilización racional del territorio, de acuerdo con los intereses generales, la preservación y conservación del patrimonio histórico-artístico y la gestión eficaz de los recursos naturales, energéticos y del medio ambiente.

- Garantizar la coordinación interadministrativa y la participación activa en la ordenación del territorio para asegurar una objetiva ponderación de los intereses públicos.

- Posibilitar y encauzar las iniciativas públicas y privadas de singular importancia.

En desarrollo de dicho artículo, el citado texto legal establece en su artículo 18, la figura del estudio de impacto territorial como instrumento complementario de ordenación del territorio, para definirlo posteriormente en el artículo 48 como “un documento técnico complementario de todos los instrumentos de ordenación territorial y de los de planeamiento para los que así se prevea en esta Ley”.

En lo referente a los instrumentos de ordenación territorial, los artículos 27, 33.2 y 43 establecen que el estudio de impacto territorial deberá incluirse en la documentación de los Planes de Ordenación Territorial, los Programas de Actuación Territorial y las Actuaciones de Interés Regional.

En cuanto a los instrumentos de planeamiento urbanístico, los artículos 121.a, 138 y 148.1 indican que deberá incluirse un estudio de impacto territorial en la elaboración de los Planes Generales, en sus revisiones, en las modificaciones de los mismos que afecten a elementos estructurales, así como en otros para los cuales la Ley así lo prevea, y el artículo 19.1 señala que “Las determinaciones de los instrumentos de ordenación del territorio vincularán a todas las administraciones públicas y a los particulares, en los términos establecidos en los mismos, prevaleciendo siempre sobre las determinaciones del instrumento de rango inferior y sobre los planes urbanísticos municipales que, en caso de contradicción, deberán adaptarse en plazo y contenido a lo dispuesto en aquéllos”.

Ha de ponerse de manifiesto que el estudio de impacto territorial no es un documento independiente de los instrumentos territoriales y urbanísticos a los que evalúa y que requiera una tramitación independiente, sino un documento que forma parte de dichos instrumentos, y que como tal habrá de tramitarse conjuntamente con ellos.

No obstante lo anterior, el citado Decreto Legislativo 1/2005, no especifica el método destinado a analizar el posible impacto de la actuación propuesta, ni tampoco establece parámetros que permitan medir dicho impacto, sino que se limita a remitir a la normativa sectorial específica.

A tal fin, la Dirección General de Territorio y Vivienda ha llevado a cabo el trabajo “Valores Guías de los Indicadores de Funciones Urbanas de la Región de Murcia”, en el cual se han concretado cuales son las Funciones Urbanas que han de analizarse a la hora de llevar a cabo un estudio de impacto territorial, así como cuales son los valores que han de alcanzar los indicadores de dichas funciones para satisfacer las necesidades de la población.

Estos aspectos servirán de referencia, a la hora de llevar a cabo Estudios de Impacto Territorial, instrumentos de ordenación territorial, o planeamiento urbanístico; así como apoyo a las distintas políticas sectoriales en el marco de su planificación específica.

Una vez conformados dichos indicadores, resulta oportuno integrarlos en el Sistema Territorial de Referencia, en cuanto instrumento idóneo para dotar de validez, publicidad y permanencia a los mismos, de acuerdo con su definición legal en el texto refundido de la Ley del Suelo.

Así pues, y con la pretensión de unificar, homogeneizar y dar coherencia a los criterios expuestos en dicho trabajo, esta Dirección General ha promovido y recabado la colaboración tanto de las distintas administraciones implicadas como de los principales actores sociales, a través de las oportunas fases de audiencia y de sometimiento a la Comisión de Coordinación de Política Territorial y del Consejo Social de Política Territorial.


Anexo 1

Valores guía de los indicadores de funciones urbanas a considerar en los Estudios de Impacto Territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico y ordenación territorial

1. Introducción.

2. Definiciones.

3. Alcance de las funciones urbanas.

4. Valores guía de los indicadores de funciones urbanas a considerar en los estudios de impacto territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico y ordenación territorial





Para recabar más información, ver documento adjunto:


Guía de los indicadores de funciones urbanas.pdf