La linde de Cartagena y La Unión está afectada por una restricción agrícola y ganadera que debe levantarse, según la organización
12.10.11 - 01:42 -
COAG-Iniciativa Rural echa de menos que el apoyo que el Ayuntamiento ha defendido que presta al sector agrícola se plasme en hechos tangibles. Por eso solicitó ayer públicamente que se revisen las restricciones que ciertas figuras urbanísticas y ambientales imponen al desarrollo de la actividad agroganadera. En concreto, su presidente comarcal, Vicente Carrión, pidió que se levanten las limitaciones que rigen en el lindero de Cartagena con La Unión, por la 'afección de la minería' y que se extiende a lo largo de varios kilómetros.
«Es injusto y no está justificado que los propietarios se vean afectados por algo que no han generado», indicó Carrión. La franja de afección abarca desde la zona cercana a El Algar hasta el área de Roche y pone en cuestión que negocios como el de Martín Laencina, en Alumbres, logren sobrevivir.
«Llevo meses intentando que Urbanismo me explique por qué no puedo obtener una licencia para mi granja avícola, mientras que la de ovino, que está en el mismo sitio, sí que la tiene», indicó.
Este ganadero heredó este negocio de su familia y pretendía explotarlo hasta que pueda legarlo a sus descendientes. «Ahora no sé que pasara», indicó. Reconoce que no tenía licencia de actividad cuanto fue objeto de una inspección, este año. «Tampoco a tenía mi padre y nadie nos la había reclamado nunca», indicó. Por esa infracción fue multado con 10.000 euros, que está viendo la manera de pagar. Pero al mismo tiempo quiere legalizar su explotación y mantener el negocio.
Competencia regional
El concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, advirtió que sus competencias respecto a los suelos afectados por la minería «son nulas, puesto que se trata de elementos normativos incluidos en las directrices de ordenación promulgadas por la administración regional. Nosotros nos limitamos a reproducirlas en el planeamiento urbanístico y a prohibir los usos que son incompatibles con ellas».
Y así ha ocurrido, según admitió Segado, con la afección minera en la zona en la que Martín Laencina tiene su negocio. Al margen de eso, «este ciudadano lo que tiene que hacer es pagar la multa», indicó el concejal.
Existe un precedente en los alrededores de Sabic. Carrión recordó que los agricultores de la zona en torno a la factoría de plásticos tuvieron que asumir hace años una restricción a la hora de edificar cualquier construcción, como parte del plan de emergencias en torno al complejo.
«En su momento se definió un perímetro alrededor de la factoría que abarcaba medio kilómetro en el que no se podía construir nada, ni un cuarto de aperos, ni un pajar, ni un gallinero, aunque sí se permitía el cultivo», indicó Carrión.
Las fuentes consultadas en el Ayuntamiento indicaron que la calificación urbanística no ha variado en los últimos años.
Pero lo cierto es que los propietarios de terrenos de los alrededores como Antonio Barbero se hicieron hace tiempo a la idea de que no podían hacer obra alguna en la zona, en la que se plantan todo tipo de hortalizas. «Cultivo alcachofas en una explotación que está cerca de la planta. En su momento no me dejaron edificar. Perdí todo el interés en ampliar mi negocio y ahora ya ni me lo planteo. Como a mi, esta norma afectó a mucha gente», aseveró.
«Encima en ese área se ha desatado una plaga de conejos, que saltan a un lado y otro del vallado y que se comen las cosechas», indicó Carrión.
La zona oeste
En cuanto a las zonas Zepa y LIC, el representante agrícola indicó que el mayor problema se da en la zona oeste. «En los alrededores de Tallante, Cuesta Blanca o la Torre de Nicolás Pérez siempre ha habido explotaciones tradicionales en sectores como la apicultura desde hace décadas, si no siglos. Desde que es protegida, cualquier construcción que se levante está sometida a multa. «Hace poco, a un apicultor le sancionaron por la presencia en sus tierras de la edificación», explicó el portavoz comarcal de COAG.
En este caso, será el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que lleva años en elaboración y que no acaba de ver la luz, el que delimite qué se puede hacer en esta zona protegida y dónde.
Para Carrión, que Joaquín Segado diga que no puede intervenir en los usos del suelo que restringe la normativa regional no vale. «Llevamos años oyéndole a la alcaldesa, Pilar Barreiro, y a sus concejales, que en este momento de crisis, el sector primario se está comportando muy bien y aguantando sin crear paro. Pues bien, si quieren que eso siga siendo así, tienen que apoyarnos con medidas que favorezcan a las explotaciones tradicionales o influir en la Administración regional para que lo haga», indicó.
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