El proyecto de complejo urbanístico Marina de Valdecañas, situado en un espacio de la red Natura 2000 en la provincia de Cáceres, va a tener que parar las obrar temporalmente. Así lo ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura a través de un auto firmado el pasado viernes. Con este auto, la petición de ejecución provisional ha sido admitida en sus términos implicando la paralización de las obras y la prohibición de la ocupación o utilización de las edificaciones e instalaciones.
Los terrenos sobre los que ha proyectado la urbanización están protegidos por la red Natura 2000 con la figura de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), cuyo código y nombre es ES0000329 Embalse de Valdecañas.
Hasta que se resuelva el recurso
Esta es una medida provisional de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura, válida hasta que se resuelva el recurso interpuesto por las partes contrarias (la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos afectados) de la sentencia fallada por la misma sala en marzo de 2011.
La sentencia declaraba:
- Nulo el Decreto Autonómico por el cual se aprobaba el “Proyecto de Interés Regional” (PIR) promovido por la empresa “Marina de Valdecañas, S.A., “por no estar ajustados al ordenamiento jurídico”. Este decreto consistía en la recalificación y ordenación de los terrenos del embalse de Valdecañas. El objetivo era la construcción del “Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla de Valdecañas”, situados en el término municipal de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres).
- Al declararse nulo el proyecto, se ordena la reposición de los terrenos a su estado anterior. Es decir, deshacer las obras.
La sala, con este auto, declara que la dimensión del proyecto (que incluye diversas instalaciones deportivas, dos hoteles, 250 bungalows, 310 viviendas unifamiliares, carreteras de acceso, saneamiento, electrificación y otras tantas instalaciones) obliga a paralizar las obras de inmediato, pues deshacer todo ello sería aun más complejo, teniendo en cuenta además que la afección ambiental sería grave al tratarse de espacios protegidos. También estima que, el estado actual en el que se encuentran las obras ya se ha producido esa incidencia sobre el medioambiente, pero sería mayor si se continuara con ello.
De igual forma, el tribunal admite que reponer los terrenos a su estado original supondrá un “elevado coste económico y temporal”. Esto podría suponer prácticamente la ruina de los inversores y también afectaría a los particulares que pudiesen adquirir las viviendas.
Por ello, hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre el recurso y determine si debe de cumplirse la sentencia (dando así la razón a Ecologistas en Acción) o si puede continuarse con el proyecto urbanístico, el fallo del TSJ de Extremadura pide la ejecución provisional de la sentencia, que supone la “inmediata paralización de las obras”.
Para contrarrestar los daños y perjuicios económicos que pueda suponer la paralización de las obras en el caso en el que finalmente se le diera la razón a la promotora, el juez emplaza a la definición de una fianza que debería pagar la agrupación ecologista. La defensa de Ecologistas en Acción ha pedido tener en cuenta que la naturaleza no lucrativa de este grupo supone que no dispongan de grandes medios económicos, por lo que no podrían asumir una gran fianza. El tribunal, en el fallo, simplemente emplaza a una reunión posterior para acordar dicha fianza.
La reforma de la Ley del Suelo no sirve
En el auto del TSJ de Extremadura se aclara otro punto que ha supuesto un foco de polémica en este caso: la reforma de la Ley del Suelo aprobada por la Junta de Extremadura también en marzo del año pasado, posterior a la sentencia que anulaba el proyecto de Valdecañas. Esta reforma permitía que la mera inclusión de unos terrenos en la red Natura 2000 no determinara, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable. Pues bien, en el auto la sala establece que dicha reforma no afecta a este caso, pues se aprobó posteriormente y no tiene carácter retroactivo. Se acusó a PSOE y PP (los partidos que la votaron) de “poner en peligro la red Natura 2000”. Pero en este caso concreto la modificación de la ley no serviría para dar legalidad al proyecto.
Ecologistas en Acción ha mostrado su satisfacción por el reciente auto, principalmente porque “se reconoce el daño medioambiental y la transformación del territorio que conlleva el proyecto”. Con respecto a la definición de la fianza, José María Trillo, de Ecologistas en Acción, admite que “estamos dispuestos a reunirnos para intentar avanzar en la situación que se ha generado”. En cualquier caso, la agrupación ecologista cree que el Supremo fallará a su favor, porque “es una aberración jurídica y va contra la ley del suelo estatal. Entendemos que el tribunal no les dará la razón”, opina José María Trillo.
Desde que se aprobó el PIR de Valdecañas en 2007, este caso ha resultado especialmente conflictivo y ha enfrentado incluso a los vecinos de los municipios afectados, como fue el caso de la vecina de El Gordo y miembro de Ecologistas en Acción, Paca Blanco, quien abandonó el pueblo por el acoso y agresiones que estaba sufriendo.
18/01/2012
Verónica Ramírez
www.rednatura2000.info
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