La constatación de que no hay futuro para la empresa hace que cada uno intente sacar lo que pueda de sus despojos. Los que fueron miembros de su plantilla buscan que se les pague la máxima indemnización. Por eso intentarán hacer valer el blindaje del único activo real que está en juego: los terrenos de la antigua factoría en Torreciega. La Asamblea Regional y el Ayuntamiento de Cartagena apoyaron, en sendas sesiones plenarias, que ante cualquier operación que genere plusvalías sobre esa parcela se tenga que pagar el peaje millonario de los finiquitos de la plantilla.
Sobre ese principio general y esa cantidad desorbitada luego podrían llegar renegociaciones como la que se ha intentado en los últimos meses con una sociedad gallega y que llegaron a reducir hasta una quinta parte las pretensiones de la plantilla: unos 50.000 euros por cabeza, para un total de unos 24 millones de euros, con la garantía de cobro inmediato.
El aprovechamiento urbanístico de la parcela de Torreciega choca con un aspecto ambiental importante. Un tercio de su superficie total, unos 67.000 metros cuadrados, lo constituyen unas balsas en las que se había ido acumulando el residuo del proceso de producción de zinc, formado por metales pesados de diversa condición. El abandono de estos depósitos después de la demolición de la factoría ha supuesto la imposición de multas por parte de la Administración regional. Su simple existencia obliga a diseñar un plan de descontaminación antes de obtener la calificación de urbanizable y el soterramiento de esos residuos que propugnaba el consejero delegado de la empresa, Manuel Pérez, no salió adelante.
Contaminación y juzgados
El suelo sigue sin descontaminar, lo cual generó la demanda de Quorum Capital Partners por incumplimiento del acuerdo por el que anticipó 40 millones de euros a Española del Zinc por unos terrenos limpios de metales pesados. Zinsa le reclamó, a su vez, los 90 millones restantes de la compra.
Además, la autoridad ambiental regional impuso hace pocas fechas una multa de 660.000 euros a Española del Zinc por los vertidos a esas balsas y la nula vigilancia de su evolución, que degeneró en un gigantesco incendio el pasado verano. Y por petición de la Fiscalía se ha imputado a «los representantes legales» de esta empresa y de Quorum Capital por esta cuestión. Este asunto judicial también tiene que resolverse.
Fuente: LA VERDAD
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