La Administración Extremeña "legaliza" Valdecañas a la espera de la sentencia del Supremo

APROBADA LA HOMOLOGACIÓN DEL PIR DEL MACROCOMPLEJO TURÍSTICO TRAS LAS ULTIMAS REFORMAS EN LA LEY DEL SUELO

La Comisión regional de Urbanismo sostiene que el terreno es urbanizable pese a estar en zona protegida. La adecuación del proyecto a la normativa no impediría su derribo si el Supremo avala la sentencia del TSJEX



A. FERNÁNDEZ 27/09/2011

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura ha dado luz verde a la adecuación legal del macrocomplejo turístico Marina Isla de Valdecañas. Este organismo, que es la máxima autoridad en esta materia a nivel autonómico, ha aprobado la homologación del proyecto --declarado Proyecto de Interés Regional-- ante la nueva legislación urbanística. De esta forma la Junta de Extremadura y el promotor logran ajustar la iniciativa empresarial a la normativa vigente y esperan salvar así el proceso judicial abierto tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), que en marzo declaró nulo el proyecto y su catalogación como PIR.

La Comisión regional de Urbanismo tomó esta decisión el pasado mes de julio a través de una resolución publicada ayer en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Según este dictamen, se aprueba la homologación del PIR de Valdecañas tras revisar la nueva justificación del proyecto y su adecuación a las últimas reformas introducidas en la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

La homologación había sido solicitada por la empresa promotora, Marina Isla de Valdecañas S.A. y el Ayuntamiento de El Gordo, en cuyo término municipal se desarrolla gran parte de la actividad de este complejo turístico. Lo hicieron a raíz de la sentencia del TSJEX y de la modificación de la Ley del Suelo introducida el pasado mes de marzo tras el acuerdo entre PSOE y PP en la Asamblea de Extremadura.

LA NULIDAD Y LA REACCIÓN

A principios de marzo la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEX declaró nulo el PIR de Marina Valdecañas apoyándose en dos argumentos: por un lado, la falta de justificación para catalogar esta iniciativa empresarial como PIR y considerarlo de utilidad pública e interés social; y por otro, al estimar que las 134 hectáreas que ocupan la isla donde se construyen las instalaciones deben ser consideradas como "suelo no urbanizable de especial protección", al estar dentro de un área ambientalmente protegida, la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Valdecañas.

Frente a este pronunciamiento judicial, la Junta reaccionó presentando un recurso ante el Tribunal Supremo --admitido a trámite y pendiente de resolución--, a la vez que logró impulsar la modificación de la Ley del Suelo. Esta reforma consistió en la introducción de una disposición adicional que permite la construcción en los espacios protegidos de la Red Natura 2000, como es el caso de las ZEPAs.

Ahora la Comisión regional de Urbanismo y Ordenación del Territorio da luz verde a la homologación del PIR de Valdecañas. Para ello se apoya en informes jurídicos y técnicos de departamentos como las direcciones generales de Servicios Jurídicos, de Ordenación del Territorio, de Evaluación Ambiental y del Medio Natural de la Junta. Sobre esta base, la resolución explica que la homologación del PIR no necesita evaluación ambiental y que los terrenos son urbanizables pese a estar en zona protegida. También cita la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo y subraya que la inclusión de los terrenos dentro de una ZEPA no es motivo ni justificativo ni suficiente para que ese suelo sea "no urbanizable". A juicio de este organismo regional, y de acuerdo con las apreciaciones de los técnicos de la Junta, sería necesario que la Administración hubiese declarado explícitamente los terrenos de la ZEPA como de especial protección frente a cambios urbanísticos.

ALEGACIONES DESESTIMADAS

La Comisión de Urbanismo utiliza estos mismos argumentos para desestimar las alegaciones presentadas contra el proceso de homologación por cuatro organizaciones conservacionistas (Adenex, Ecologistas en Acción Extremadura, Ecologistas en Acción Campo Arañuelo y el colectivo Retama).

La resolución reconoce, por otra parte, que la homologación no evitará la aplicación de la sentencia del TSJEx, que declaró nulo el PIR y obliga a devolver los terrenos a su situación original --es decir, derribar el complejo turístico--, en caso de que sea confirmada por el Tribunal Supremo.

La Comisión regional de Urbanismo está integrada por: Junta, Ministerio de Fomento, las dos diputaciones, las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Guadiana, la Federación de Municipios de Extremadura (Fempex) y los colegios de arquitectos y de ingenieros, entre otros.

FUENTE: EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA


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