"Proteger las aves del Segarra Garrigues costará 109 millones "

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

La preservación de las aves esteparias afectadas por la construcción del canal Segarra-Garrigues supondrá un gasto para la Generalitat de 109 millones de euros durante los próximos 10 años. El importe, previsto en el estudio de impacto ambiental de la infraestructura que hoy hará público el Govern, servirá para poner en marcha medidas que palíen los efectos del nuevo regadío sobre la fauna autóctona, protegida por distintas directivas europeas.
Ese dinero se utilizará también para corregir el impacto de las obras del canal y, sobre todo, para compensar a los agricultores que finalmente –y a pesar de lo que les había prometido en un principio la Administración– se quedarán sin agua de riego en sus fincas, porque en ellas habitan aves amenazadas como la calandria, el sisón europeo, la terrera común y la carraca.
«Las medidas para compensar la actividad agraria supondrán en torno a un 70% de esos 109 millones, mientras que el resto, aproximadamente un 30%, se destinará a actuaciones que beneficiarán directamente a las aves», concretó ayer el director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat, Jordi Bertran. Este dirigente recordó que, de forma paralela, la Generalitat, los ecologistas y los payeses han empezado ya a trabajar en los denominados planes de usos y gestión del canal, en los que se determina, entre otras cosas, qué se puede y qué no se puede cultivar en cada una de las zonas especiales de protección de aves (conocidas como zepas) del canal y cuánta agua de riego puede asignarse a cada cultivo.
El reparto de las compensaciones económicas lo realizará un organismo de nuevo cuño, una comisión de seguimiento que se encargará de poner en marcha el bautizado como Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) y que se encargará de «velar por que las medidas correctoras sean las correctas», dijo Bertran.

RECTIFICACIÓN / El estudio de impacto ambiental que hoy publicará la Generalitat en su diario oficial es, en definitiva, la rectificación del informe homónimo aprobado en el 2002 por el último gobierno de Jordi Pujol. La nueva propuesta, que podría aprobarse definitivamente en junio, tras al correspondiente periodo de exposición pública y recibir la autorización de la Conselleria de Medi Ambient, ajusta la superficie regable del canal Segarra-Garrigues a las exigencias de la Comisión Europea.

Por dos veces, Bruselas ha amenazado a España con sanciones económicas si no rehacía el proyecto inicial del Segarra-Garrigues y ampliaba las áreas de zepas. Después de tres años de trabajos y desencuentros –el último, el más grave, fue el pasado agosto, cuando la Comisión consideró una provocación la inauguración del primer tramo del canal sin que se hubiera aprobado aún su impacto ambiental–, la Generalitat pactó con Bruselas reducir en un 60% el área inicialmente definida como regable, de 70.150 hectáreas.

Fuente: El Periodico