JAVIER RUIZ-TOMÁS, funcionario de la Comision Europea: "Es una vergüenza que la mayor parte de las ZEPA no tengan aprobados sus planes de gestión"

Fuente: www.rednatura2000.info


Abogado y Secretario de Administración Local (1980-1987), entra en la Comisión por oposición en 1987. Tras unos años ocupándose de cuestiones jurídicas y contratos en el Centro Común de Investigación de la CE en Holanda (1987-1990), pasa a Bruselas donde desde 1992 trabaja en la Dirección General de Medio Ambiente, como administrador, administrador principal y jefe de unidad adjunto de las unidades jurídicas y de política de cohesión e impacto ambiental. Desde junio del 2008 es enviado a Madrid para ocuparse de las relaciones con las ONG y con la administración española en materia de medio ambiente.

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¿Cuándo el Gobierno Español y las Comunidades Autónomas se van a poner a redactar los planes de gestión de la Red Natura 2000?

Buena pregunta. Para empezar, la obligación es presentar los planes de gestión a los seis años de aprobar las listas, y ese plazo únicamente ha sido rebasado en el caso de una región biogeográfica: la Macaronésica. Y todo el mundo sabe que la región Macaronésica principalmente está conformada por las islas Canarias y las Azores. En consecuencia, los Estados afectados por esta región biogeográfica que no han establecido planes de gestión para todos los lugares de interés comunitario de la lista, la Comisión ha lanzado inmediatamente una orden de infracción que está actualmente en curso. Lo que se puede exigir, se exige. Lo que es más dudoso, resulta más complicado. Pero hay cosas que están claras, y una de ellas es la obligación de presentar los planes de gestión a los seis años. Por tanto, como se ha incumplido este requisito, hay un procedimiento de infracción en curso, y no acabará hasta que esos planes estén funcionando. Si esto no sucede pronto, el caso llegará al Tribunal Europeo de Justicia. Es curioso que la anterior Ley española, la 4/89 de protección de espacios naturales, hablaba de la obligación de elaborar unos planes de gestión para los espacios naturales protegidos y, a la hora de la verdad, en la mayor parte de las ZEPA, ni siquiera están aprobados. Lo cual es, y perdóneme la expresión, una vergüenza. Una vergüenza para España por incumplimiento de su propio derecho nacional. En este sentido, lo que quiero decir es que la ley europea está muy bien, la ley española puede estarlo o no, pero lo importante de una y otra es que, además, se cumpla.

¿Qué le falta a la Red Natura para que sea socialmente aceptable, y que no se vea como un impedimento al desarrollo, sino todo lo contrario?

Yo creo que la Red Natura 2000 no es una cosa negativa. Ahora bien, el constructor o promotor inmobiliario que quiera hacer un rascacielos de 40 pisos en medio de la ZEPA de Villafáfila, por ejemplo, está claro que no estará contento con la Red Natura porque no va a poder llevar a cabo su proyecto. En cambio, el agricultor que tenía un campo dedicado a cultivos extensivos tradicionales seguramente se verá beneficiado, pues recibirá compensaciones por ocuparse del desbroce de los montes, o cualquier otra tarea, como permitir que se alimenten las aves. Además, puede añadir una nueva fuente de ingresos con el turismo rural, la agricultura ecológica, etc. Por tanto, yo creo que el problema está en la falta de explicación. En cualquier caso, resulta evidente que las cosas que se hicieron en determinados lugares de la geografía española, como por ejemplo en la costa valenciana durante los años 50 y 60, y que ahora otros, en el año 2000, quieren imitar y no pueden, pues resulta, ya digo, que no están contentos. Yo comprendo que se produzcan estos problemas, sin embargo a mí no me preocupan demasiado, ya que yo estoy más por la protección del medio ambiente. Lo mismo ocurre con el agricultor de un determinado pueblo que no se desarrolló turísticamente en los años 50, y que ahora quiere aprovecharse de las oportunidades que sí disfrutó en el pasado otro pueblo. En fin, todo esto crea agravios comparativos, aunque, a mi modo de ver, no justificados porque la situación jurídica ha cambiado: ahora somos miembros de la Unión Europea y estamos obligados a respetar el derecho comunitario, y a respetar el medio ambiente y los recursos naturales. En consecuencia, no hay agravio, si bien es cierto que se pone límites al lucro, eso está plenamente justificado por prevalecer el interés común al particular. Por eso, una persona normal vinculada a una zona perteneciente a la Red Natura 2000, yo creo que no le puede suponer mayores inconvenientes, excepto si tiene ambiciones de tipo especulativo. Pero, claro, yo no estoy aquí, ni la Comisión, para defender especulaciones, sino para defender, entre otras cosas, el medio ambiente.

¿Han faltado explicaciones?

Yo creo que sí. Ciertamente la UE podría haber hecho algo más de lo que hizo, pero más aún la administración española, central y autonómica.



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