"España intenta sin éxito paralizar la sanción al Segarra-Garrigues"

FUENTE: EL PERIODICO.COM

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17/7/2009

El ‘conseller’ Llena admite que no ha logrado que Bruselas frene el expediente
La Comisión Europea prepara otro dictamen negativo sobre el proyecto

ELISEO OLIVERAS
BRUSELAS

El Gobierno y la Generalitat intentaron ayer apaciguar a la Comisión Europea y frenar el expediente sancionador reactivado por la inauguración del canal Segarra-Garrigues, pero sin demasiado éxito.

El conseller de Agricultura, Joaquim Llena, reconoció tras la reu-nión con el Ejecutivo comunitario que «no» había obtenido ninguna garantía de que se paralizaría de nuevo el expediente contra el proyecto de irrigación, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) declaró ilegal en diciembre del 2007 por no respetar la legislación comunitaria sobre medioambiente y protección de la naturaleza.

ULTIMÁTUM / El comisario de Medioambiente, Stavros Dimas, está preparando un nuevo dictamen negativo sobre el proyecto para el próximo 22 de julio, lo que constituiría un ultimátum previo a la presentación de una nueva denuncia ante el Tribunal Europeo con una petición de elevadas sanciones diarias contra España.

Llena admitió que «es muy difícil» que se pueda llegar a un acuerdo sobre las exigencias de la Comisión Europea antes de esa fecha. El comisario Dimas considera insuficientes las ofertas presentadas hasta ahora por la Generalitat para ampliar la superficie de las zonas de protección especial de aves.

No obstante, el conseller Llena aseguró que la reunión con el Ejecutivo comunitario había sido «cordial» y «muy provechosa», con un carácter eminentemente «técnico»y «jurídico». El Gobierno y la Generalitat indicaron que continuarán los «contactos» y el «intercambio de información» con la Comisión Europea a lo largo de los próximos días para intentar llegar a un acuerdo.

DEMASIADO TARDE / Dimas considera que España ha tardado mucho en reaccionar y que ha intentado aplicar una política de hechos consumados. El comisario recuerda que envió en diciembre del 2008 la primera carta de advertencia formal porque seguía sin aplicarse la sentencia del Tribunal de la UE. La Comisión Europea exige a España un informe completo de impacto medioambiental y la definición de suficientes zonas de protección y medidas para minimizar ese impacto.