Bruselas , 22 de julio de 2009
La Comisión Europea va a enviar a España un último apercibimiento escrito por el proyecto de construcción del canal Segarra-Garrigues en Cataluña. España no ha cumplido una sentencia judicial en la que se concluía que las obras del proyecto afectarían a zonas importantes para la protección de aves esteparias. En caso de que el Estado miembro se abstenga de dar los pasos necesarios para corregir esta situación, la Comisión podrá denunciarle de nuevo ante el Tribunal de Justicia Europeo y éste podrá imponerle una multa.
Según Stavros Dimas, Comisario europeo de Medio Ambiente, «el estado de la biodiversidad en la Unión Europea no atraviesa hoy sus mejores momentos. Debemos hacer todo cuanto esté en nuestras manos para proteger la flora y la fauna de nuestro continente. Insto a las autoridades españolas para que tomen todas las medidas necesarias a fin de preservar la integridad de la zona de Cataluña que reviste mayor importancia para la conservación de las aves esteparias» .
Apercibimiento escrito final sobre el proyecto de canal Segarra-Garrigues
La Comisión va a enviar a España un último apercibimiento escrito por haber incumplido una sentencia judicial a propósito del proyecto de canal Segarra-Garrigues ubicado en Cataluña. En diciembre de 2007, el Tribunal de Justicia Europeo (TJE) concluyó que España estaba incumpliendo su obligación de proteger las aves esteparias de una serie de zonas que probablemente se incluirán en Natura 2000 y que pueden verse afectadas por ese proyecto de construcción de gran escala. Este segundo y último apercibimiento de la Comisión se produce una vez constatado que España sigue sin tomar las medidas necesarias. En caso de que el Estado miembro se abstenga de cumplir íntegramente la sentencia dictada, la Comisión podrá de nuevo llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia Europeo para pedirle la imposición de una multa .
Las obras de construcción continuaron a pesar de la decisión del Tribunal, y la reciente inauguración del proyecto , el pasado 5 de julio, puede obstaculizar gravemente la ejecución de la sentencia.
La larga disputa originada por este proyecto se centra en el impacto ambiental de un canal de 85 km de longitud que recogerá agua del río Segre para poder regar tierras agrícolas de la provincia de Lleida. Las obras se iniciaron en 2002 y está previsto que duren una década. El trazado del canal, que es uno de los proyectos más caros de ingeniería civil que se han sacado a licitación en Cataluña, atraviesa una serie de zonas protegidas seccionándolas.
La falta de designación como zona de protección especial (ZPE) de algunos de los territorios afectados por el proyecto Segarra-Garrigues se cubrió con una sentencia separada que dictó el Tribunal en junio de 2007 (asunto C-235/04)
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