Los retos legales de Red Natura - La Opinión de Murcia

Tribuna Libre

PILAR MARTÍNEZ

La Comisión Europea enviaba hace unos días al ministerio de Asuntos
Exteriores una carta de emplazamiento por incumplimientos de las
Comunidades Autónomas en la aprobación de los planes de gestión que
regulan los usos y actividades de los espacios Red Natura 2000, tal como
exige la directiva Hábitat. La apertura de un expediente de infracción
faculta a las autoridades comunitarias a interrumpir la provisión de
fondos estructurales para la financiación de estos territorios y abre la
puerta a una sanción.

Ante esta situación, el Gobierno de Murcia, donde no hay vigente ningún
plan de gestión pese a que Red Natura ocupa el 23,5% de su territorio,
se apresura a aprobar estos instrumentos que, no obstante y ante la
limitación de derechos que contemplan, deben cumplir con las leyes
estatales y la normativa europea. Es importante, por ello, que la
ciudadanía, los particulares afectados, los propietarios y habitantes de
estas demarcaciones protegidas, tengan presentes y exijan sus derechos.

Así, por ejemplo, los planes de gestión deben ser normas precisas y
claras, que delimiten las diferentes zonas de protección mediante
coordenadas para evitar la inseguridad jurídica; deben recoger los
objetivos y necesidades de conservación y su justificación, basándose en
estudios científico-técnicos rigurosos que garanticen el equilibrio
entre un uso rentable de los territorios y su conservación; deben dar
participación y audiencia a los colectivos afectados (propietarios,
ganaderos y agricultores) que, hasta ahora, lograron conservar ese
territorio y, deben contemplar compensaciones a las limitaciones de usos
y actividades que imponen.

La protección medioambiental, que a simple vista parece encomiable, deja
de serlo cuando comprobamos que estos instrumentos, generalmente
decretos, encierran cantidad de limitaciones, restricciones y
prohibiciones sobre terrenos de propiedad privada y derechos previamente
consolidados, sin ningún tipo de compensación o indemnización. En
algunos casos, llegan a limitar, incluso, la libre circulación de las
personas por el suelo de su propiedad, pese a que Europa de ningún modo
exige este rigor.

Tanto la legislación europea como la jurisprudencia de nuestro país
obligan a que estos instrumentos incluyan una previsión presupuestaria
para su aprobación que permita compensar e indemnizar a propietarios y
otros afectados. La normativa europea establece, asimismo, la obligación
de dar audiencia y participación a los sectores afectados. En un primer
momento, en el procedimiento de elaboración de la norma, examinando,
considerando y valorando los intereses afectados en juego y su
trascendencia. En un segundo momento, ha de darse audiencia para que
puedan los afectados hacer sus alegaciones, que deben ser contestadas de
forma individual y fundamentada.

La falta de cualquiera de estos requisitos permite al ciudadano invocar
ante los tribunales la nulidad de estas normas y así se han pronunciado
el Tribunal Supremo y algunos TSJ. Un ejemplo es la nulidad que se
obtuvo ante el Supremo del decreto regulador del Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en
representación de los propietarios, con sentencia favorable a aprobar un
presupuesto adecuado y suficiente para hacer frente a las
indemnizaciones y restricciones que, derivadas de esta norma, se
imponían a los titulares de derechos previamente consolidados.

Tras años de experiencia como letrada especializada en medio ambiente,
puedo afirmar que ´el paraíso de algunos´ se ha convertido en el
´infierno de muchos´ residentes, propietarios, empresarios y
agricultores. Lamentablemente, en muchos casos, estamos ante auténticas
´expropiaciones encubiertas´, al recaer sobre el patrimonio privado de
determinados ciudadanos el coste total de la conservación como interés
público. Es importante, pues, que se tome conciencia de las
consecuencias que la declaración indiscriminada de espacios protegidos,
con rigurosísimos planes de uso y gestión, tiene sobre los ciudadanos y
sobre el desarrollo de algunas regiones.


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2015/03/15/retos-legales-red-natura/633000.html